La Procuraduría General de la Nación archivó la indagación preliminar abierta tras la posible existencia de fosas comunes y enterramientos ilícitos en el cementerio de La Macarena (Meta) y los cuestionamientos sobre las muertes de las personas allí inhumadas.
El Ministerio Público pudo determinar con suficientes elementos de prueba la inexistencia de fosas comunes en el cementerio de La Macarena además de establecer que ninguno de los hechos evidenciados constituye falta disciplinaria.
Los hechos desvirtuados están relacionados con la existencia de una fosa común en el cementerio de La Macarena, enterramientos ilegales en la Macarena y posibles cuestionamientos sobre las muertes de las personas allí inhumadas en las que podrían estar involucrados servidores públicos.
El Ministerio Público desvirtuó la existencia de una fosa común en el cementerio de La Macarena, donde supuestamente había alrededor de 2000 cadáveres sin identificar.
Al respecto, en la inspección realizada se verificó que en el mencionado cementerio existen tumbas individuales en las que se encuentran inhumados un número aproximado de 500 cuerpos sin identificar. Las tumbas están identificadas con plaquetas dispuestas que permiten identificar el acta de necropsia a la que corresponden.
De acuerdo con los documentos e informes de la Fiscalía, en el cementerio de La Macarena se evidenciaron enterramientos individuales en tiempos diferentes separados uno del otro, enterrados de manera controlada y de acuerdo a la documentación que reposa en diferentes organismos municipales. Así mismo, descartó totalmente la existencia de una fosa contenedora de 700 u 800 individuos en el cementerio de La Macarena.
Frente a este tema, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe del 7 de septiembre de 2010 manifestó que no se encontraron indicios de la existencia de una fosa común, ni de enterramientos clandestinos.
De otra parte, el CTI estableció que “existían amenazas de parte de grupos armados al margen de la ley en su contra, con el fin de que este sostuviera una versión de los hechos desfavorable a las Fuerzas militares y que no es difícil pensar, podía tener como interés crear cuestionamientos o dudas en la actuación militar desplegada en una zona de tanta importancia histórica y que para ese momento era el lugar de operaciones permanentes de primer orden”.
En consecuencia, la Procuraduría General “da por desvirtuada la posibilidad de que sean verdaderas las denuncias iniciales referidas a las existencias de fosas comunes en el municipio de La Macarena”, por lo cual ordenó el archivo definitivo de la investigación.
Vía: PGN