Arauca

Procuraduría impone sanción a ex alcalde de Saravena y le abre nueva investigación

• 2009-03-19 15:06:43
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En providencias individuales, le Procuraduría General de la Nación impuso sanción al ex alcalde de Saravena, Antonio José Ortega Gutiérrez, al tiempo que le abrió nueva investigación.

Inicialmente, por no acatar los múltiples requerimientos ambientales efectuados por la Dirección Regional de Corporinoquia, sede Arauca, lo sancionó con multa superior a 13 millones de pesos e inhabilidad permanente.

El Ministerio Público estableció que, en virtud de un contrato suscrito con la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena (ECCAS), el municipio tenía la responsabilidad de asumir los costos de las actividades encaminadas a la readecuación, construcción, remodelación, rehabilitación, ampliación, nuevas obras, adquisición y los demás costos que se requieran "en el actual o futuro relleno sanitario", lo cual fue incumplido por el ex alcalde.

A su vez, en nueva decisión formuló pliego de cargos contra el ex alcalde y Carlos Javier Jaimes Cuevas, en su condición de asesor jurídico porque al parecer no adelantaron las gestiones necesarias para hacer efectivas las pólizas de cumplimiento de dos contratos suscritos por la administración municipal con la empresa Cooperativa de Servicios Integrales "Servicoop Ltda".

Caso Servicoop

 

La administración municipal celebró en el año 2002 dos contratos de obra civil con la empresa Cooperativa de Servicios Integrales “Servicoop Ltda”, pero ante el incumplimiento por parte de esta empresa en el pago a sus trabajadores, la administración municipal habría asumido dicho pago, por vía de conciliación, de más de 292 millones de pesos sin que la administración municipal hubiese gestionado o exigido el cumplimiento de las pólizas de garantías contractuales que se encontraban estipuladas y aún vigentes para los dos contratos de obra.

En consecuencia, la administración municipal habría conciliado ante el Ministerio de la Protección Social de Arauca el incumplimiento en los contratos suscritos con la Cooperativa de Servicios y se adjudicó el costo total del incumplimiento contractual de Servicop Ltda, en detrimento del erario.

Con esta conducta se habrían desconocido los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa, pues al parecer no se adelantaron “las gestiones necesarias para el reconocimiento y exigencia de las garantías a que hubiere lugar y tampoco promovió esa administración municipal las acciones de responsabilidad contra Servicoop Ltda y sus garantes”, cuando dichas condiciones no se cumplieron en los contratos firmados.

Fuente: Prensa Procuraduría General de la Nación.

 

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