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Arauca
Procuraduría investiga contrato de Emserpa por más de $40 mil millones en Arauca
El organismo pidió explicaciones sobre la adjudicación a Mopen S.A.S. y recomendó frenar preventivamente los pagos mientras se aclaran las dudas. El alcalde Juan Qüenza defiende el proyecto, destinado a llevar servicios públicos al sector Pescadito.
Un contrato de obra pública por $43.382 millones para construir redes de acueducto y alcantarillado en Arauca quedó bajo revisión de la Procuraduría, que solicitó explicaciones sobre el proceso de selección y recomendó a la empresa municipal de servicios públicos abstenerse de tramitar pagos mientras se aclaran las observaciones.
La contratación corresponde al Contrato de Obra No. 144 de 2026, adjudicado por la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa) a Mopen S.A.S., en desarrollo del Convenio de Uso de Recursos No. 1481 de 2025, relacionado con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
La actuación se produjo después de que la Veeduría para la Transparencia Ciudadana acudiera a los organismos de control mediante una denuncia penal, una queja disciplinaria y una solicitud de control fiscal preventivo.
Las verificaciones buscan establecer si el procedimiento contractual se ajustó a las normas aplicables y si las decisiones adoptadas durante la selección del contratista estuvieron debidamente sustentadas.
Cuatro días para seleccionar al contratista
Uno de los principales puntos que llamó la atención de los organismos de control fue el tiempo destinado a la convocatoria.
De acuerdo con la información contenida en el requerimiento preventivo de la Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca, el proceso de selección IP-005-2026 se adelantó mediante una invitación pública bajo el régimen especial de contratación.
El cronograma habría contemplado apenas cuatro días hábiles entre la publicación de las condiciones y el cierre del proceso. La Procuraduría también pidió aclaraciones sobre las diferencias entre algunas fechas del cronograma y las registradas en la plataforma Secop II.
Otro aspecto bajo revisión es la aplicación de los documentos tipo establecidos para la contratación de obras del sector de agua potable y saneamiento básico.
El organismo de control solicitó justificar el régimen jurídico utilizado por Emserpa y explicar las modificaciones incorporadas a los requisitos de experiencia de los proponentes, entre ellas las relacionadas con materiales y diámetros de tubería, cantidades mínimas de pozos de inspección y conexiones domiciliarias.
También pidió precisar quiénes participaron en la elaboración y aprobación de esas condiciones.
Una sola oferta y dudas sobre la situación de Mopen
La participación en el proceso constituye otro de los puntos que deberá esclarecerse.
Según la información revisada por la Procuraduría, Secop II registró 16 visualizaciones, pero únicamente se presentó una propuesta, correspondiente a Mopen S.A.S.
La oferta fue adjudicada por $43.382.943.309, frente a un presupuesto oficial de aproximadamente $43.394 millones.
La diferencia entre ambos valores fue de poco más de $11,5 millones. En consecuencia, el contrato se adjudicó por cerca del 99,97 % del presupuesto disponible.
La adjudicación por un valor cercano al presupuesto oficial no demuestra, por sí sola, una irregularidad. Sin embargo, es uno de los elementos que deben examinarse junto con las condiciones de participación y las demás circunstancias del procedimiento.
La situación jurídica de la compañía también está bajo revisión.
La documentación registral consultada por el organismo de control reportaría que Mopen S.A.S. figura como una sociedad en liquidación. Además, el Registro Único de Proponentes registra el cese de los efectos de una inscripción anterior en junio de 2025 y una nueva inscripción en abril de 2026.
Por ello, la Procuraduría solicitó verificar los antecedentes de la sociedad mediante un certificado histórico de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Casanare.
La revisión busca establecer si la empresa cumplía las condiciones exigidas para participar y contratar. La información registral mencionada no permite concluir, por sí sola, que estuviera legalmente impedida para contratar.
Procuraduría recomendó frenar los pagos
Entre las medidas preventivas reportadas el 20 de octubre se encuentra la recomendación de abstenerse de tramitar pagos, anticipos o desembolsos relacionados con el contrato mientras se aclaran las observaciones.
La solicitud busca evitar movimientos de recursos durante la revisión del proceso contractual. La información pública citada en el reporte de la actuación indicaba que todavía no se habían efectuado pagos con cargo al contrato.
Esta recomendación no equivale a una sanción ni a una declaración definitiva de responsabilidad contra el alcalde, los directivos de Emserpa o la empresa contratista.
El resultado dependerá de las explicaciones y los documentos que presenten las entidades involucradas, así como de las verificaciones que adelanten los organismos competentes.
¿Qué responde el alcalde Juan Qüenza?
El alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos, defendió el proyecto y afirmó que su finalidad es avanzar en la reubicación de las familias del sector Pescadito.
Al referirse a las investigaciones, sostuvo que la administración municipal todavía no ha recibido recursos para ejecutar la obra.
“Hay investigación porque cualquiera pone una investigación y a cualquiera se la abren, eso es gratis. Pero nosotros hasta ahora socializamos el proyecto, no han girado un solo recurso, no se han robado un solo peso”, manifestó.
El mandatario agregó que el proyecto cuenta con acompañamiento del Ministerio de Vivienda y explicó que la infraestructura de servicios públicos es un paso necesario para trasladar a las familias beneficiarias.
“Ese es el proyecto que donde ustedes acompañaron en el auditorio Trino Torres, la socialización de meterle acueducto, alcantarillado y servicios públicos a un lote que entregó la Gobernación cuando yo era diputado, para poder reubicar esas 250 familias que hay a través de una acción popular”, señaló.
La explicación del alcalde sitúa el contrato dentro de una iniciativa de reubicación que, según la administración municipal, busca atender una necesidad histórica de la población de Pescadito.
Un proyecto para más de 200 familias
El 9 de octubre, la Alcaldía de Arauca informó sobre la socialización del Convenio de Uso de Recursos No. 1481 de 2025, suscrito con participación del Ministerio de Vivienda, la administración municipal y Emserpa.
Según la información oficial, el contrato contempla la construcción de redes de acueducto y alcantarillado sanitario en tramos de la calle 1 sur y las carreras 11 y 7, con el propósito de garantizar la disponibilidad de los servicios públicos entre las calles 13 sur y 17 sur.
La administración señaló que el proyecto busca beneficiar a más de 200 familias del sector conocido como Pescadito, que llevan más de una década esperando soluciones de infraestructura para acceder a estos servicios.
El convenio tiene un valor anunciado superior a los $45.000 millones, mientras que el contrato de obra fue adjudicado por $43.382.943.309. Se trata de dos cifras correspondientes a instrumentos contractuales distintos y no deben confundirse.
La Alcaldía también informó que la ejecución de las obras tendría un plazo de doce meses y permitiría generar empleos directos e indirectos.
Ahora, además de la importancia social del proyecto, la atención está puesta en las respuestas que entreguen Emserpa y la administración municipal a los requerimientos de la Procuraduría.
El desafío será esclarecer las dudas sobre la contratación sin perder de vista el objetivo de la obra: Dotar de redes de acueducto y alcantarillado al sector y avanzar en las condiciones necesarias para la reubicación de las familias de Pescadito.
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