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- Última actualización 09:39 PM
Arauca
Tenso choque en el Concejo de Arauca, entre el Alcalde Juan Qüenza y la oposición.
El mandatario municipal justificó los precios de contratación desglosando la carga tributaria y criticó a la Gobernación, mientras que el concejal Nicolás Cruz reveló que la capital ocupa el puesto 30 entre 31 en desempeño institucional.
En una caldeada sesión de instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Arauca, se evidencia la profunda grieta política entre el alcalde Juan Qüenza y los cabildantes de la oposición.
El debate se centró en denuncias por presuntos sobrecostos en la adquisición de equipos de aire acondicionado, la suspensión de programas sociales como el transporte escolar y la gestión de grandes obras de mitigación del riesgo en la capital del departamento.
La defensa del alcalde: estampillas, mercado y choque político
Durante su intervención, el alcalde Juan Qüenza rechazó las acusaciones de corrupción dirigidas a su secretario de Educación, Aquilino Escobar, por la adquisición de aires acondicionados para colegios del municipio. Qüenza desglosó en detalle el costo contractual de los equipos para explicar por qué un aire acondicionado de 18.000 BTU, cuyo valor comercial es de $2.857.000, alcanza los $4.458.000 dentro de la contratación pública, o cómo uno de 24.000 BTU asciende a $8.418.000.
"Un aire en el mercado vale $2,8 millones, pero hay que sumarle fletes, pólizas, estampillas de Proanciano (4%), Procultura (2%), Justicia Familiar, Prodeporte, RETICA, RETEFUENTE, utilidad del contratista e IVA. Esas estampillas que ustedes mismos aprobaron son las que le dan comida a los abuelos y financian la cultura", afirmó el mandatario.
Qüenza contraatacó comparando las cifras con contratos de la Gobernación de Arauca e instituciones de salud, y acusó a los sectores de oposición de mantener un "matoneo" hacia sus funcionarios. En medio de un discurso subido de tono, anunció la adición del concejal Jhony Epia a su equipo político y lanzó duras críticas a la gestión del gobierno departamental.
No obstante, también dijo al respecto: “le hago un llamado al gobernador. Yo estoy dispuesto si es necesario ir y sentarme hoy en el despacho con el gobernador. Yo tengo la grandeza de hacerlo. Él es el gobernador de Arauca.”
Tras finalizar sus palabras, el mandatario y su gabinete abandonaron el recinto sin esperar el turno de réplica de la corporación, para entregar viviendas en Villa Gaby.
La réplica de la oposición: datos oficiales y cuestionamientos a la gestión
El concejal Nicolás Cruz (Partido de la U) cuestionó la salida intempestiva del mandatario y centró su respuesta en cifras e indicadores emitidos por entidades del orden nacional.
Cruz reveló que en el último Índice de Desempeño Institucional publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Arauca ocupa el puesto 30 entre 31 ciudades capitales evaluadas, con una calificación del 57,6%. De igual forma, citó informes del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), donde el municipio figuró en los últimos lugares del departamento durante los años 2024 y 2025.
"Nos llaman a la educación y al respeto, pero la administración municipal ha sido negligente. Eliminaron el transporte escolar que beneficiaba a más de 4.000 niños argumentando falta de recursos, pero no han radicado proyectos de cofinanciación ante el Ministerio de Educación", recriminó Cruz.
El cabildante también denunció que más de $33.000 millones destinados a obras de mitigación en el sector de Monserrate se encuentran frenados, señalando que el material de tablaestacado lleva más de tres meses abandonado sin ser instalado. Asimismo, anunció acciones ante la Defensoría del Pueblo y la Personería para interponer una acción popular.
Clima de polarización
La confrontación evidencia que, a falta de año y medio para concluir el periodo constitucional, el panorama político en la capital araucana se mantendrá en un constante fuego cruzado entre el Ejecutivo municipal y los sectores de control político en el Concejo, con repercusiones en la gobernabilidad regional y la ejecución de proyectos clave para la comunidad.
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