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Casanare
Tribunal confirma sanción a tres directivos de Nueva EPS por desacato en Casanare.
Los funcionarios fueron sancionados con cinco salarios mínimos y 15 días de arresto por el incumplimiento de una tutela que ordenaba garantizar el servicio de enfermería a una paciente que no puede valerse por sí misma.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal confirmó la sanción impuesta a tres directivos de la Nueva EPS por el incumplimiento de una orden de tutela que permanece pendiente desde 2022.
La decisión fue adoptada el 6 de agosto de 2026 por la Sala Única de Decisión, al resolver en consulta la providencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Monterrey, en un proceso relacionado con la atención en salud de una mujer residente en Casanare.
De acuerdo con la información judicial, el origen del caso se remonta al 23 de agosto de 2022, cuando un juez ordenó a la Nueva EPS autorizar y suministrar el servicio de enfermería a María Carmenza Cárdenas Silva, debido a que su condición le impide valerse por sí misma.
La decisión fue posteriormente confirmada y modificada en segunda instancia el 27 de septiembre de 2022. Sin embargo, según lo establecido dentro del incidente de desacato, la orden judicial no habría sido cumplida por la entidad.
Tres directivos, sancionados
Ante la persistencia del incumplimiento, la paciente promovió un incidente de desacato, con acompañamiento jurídico del abogado José Bolívar López.
El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Monterrey, mediante auto del 28 de julio de 2026, declaró en desacato a tres funcionarios de la Nueva EPS:
Julye Katherine Ávila Sguerra, gerente zonal de Casanare.
Salvador José Berrocal Narváez, gerente regional Centro Oriente.
Jorge Iván Ospina Gómez, agente especial interventor de la Nueva EPS.
A cada uno le fue impuesta una sanción de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y 15 días de arresto.
Con el salario mínimo de 2026 fijado en $1.750.905, la multa individual equivale a $8.754.525.)
En total, las tres multas representan $26.263.575.
Tribunal mantuvo la decisión
La sanción llegó al Tribunal Superior de Yopal para el trámite de consulta, mecanismo mediante el cual el superior revisa las decisiones de los jueces de primera instancia dentro de este tipo de procedimientos.
Según la información del proceso, la Sala Única de Decisión confirmó la sanción al considerar que los funcionarios requeridos no atendieron de manera efectiva los sucesivos llamados del juez ni demostraron la adopción de medidas concretas dirigidas a cumplir la orden de tutela.
El caso pone nuevamente bajo la lupa el cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de la Nueva EPS, entidad que permanece bajo intervención forzosa administrativa.
En documentos relacionados con el cumplimiento de fallos de tutela en Casanare, la propia Nueva EPS ha identificado responsabilidades funcionales dentro de su estructura para atender este tipo de órdenes judiciales.
La orden judicial llevaba casi cuatro años
Uno de los aspectos más relevantes del caso es el tiempo transcurrido desde la primera orden judicial.
La tutela fue concedida en agosto de 2022 y, pese a las actuaciones posteriores y los requerimientos judiciales, el proceso desembocó en 2026 en la imposición de las sanciones por desacato.
El caso evidencia la tensión que se presenta cuando una persona debe acudir a la tutela para obtener un servicio de salud que un juez considera necesario para garantizar sus derechos fundamentales.
La Nueva EPS ha enfrentado otros procesos recientes relacionados con el cumplimiento de órdenes judiciales. En mayo de 2026, por ejemplo, un juez impuso a su agente especial interventor, Jorge Iván Ospina Gómez, una sanción de cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos por otro caso de desacato.
El arresto deberá ser coordinado con la Policía
La decisión conocida en el caso de Casanare establece que la sanción de arresto deberá cumplirse en las instalaciones del Comando de la Policía de Yopal o en la estación más cercana al domicilio de los sancionados, de acuerdo con lo determinado judicialmente.
Ahora corresponderá a las autoridades competentes adelantar las actuaciones necesarias para materializar las medidas ordenadas por la justicia.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que afecta directamente a los usuarios del sistema de salud: ¿qué ocurre cuando una entidad no cumple una orden judicial destinada a garantizar un servicio médico?
En este proceso, la respuesta judicial fue la imposición de sanciones personales a tres de los responsables señalados dentro de la estructura de la Nueva EPS.
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