La Operación Orión se ejecutó el 5 de octubre contra un campamento que las Fuerzas Militares atribuyeron al círculo de seguridad de alias Iván Mordisco. El Gobierno reconoció dos muertos y una persona sometida a la justicia, pero el ataque solo fue confirmado públicamente más de un mes después. La Defensoría del Pueblo reportó daños en dos viviendas y dos familias, en contraste con la versión militar que niega afectaciones a civiles.
Uno de los dos cuerpos recuperados tras el bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en zona rural de Cumaribo, Vichada, corresponde al de una mujer. Así lo confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal, que recibió ambos cadáveres después de la operación militar realizada el 5 de octubre en la vereda Caño Cadá, inspección de Chupave.
La identidad de la mujer no ha sido divulgada y el segundo cuerpo permanece sin identificar. Tampoco se ha establecido públicamente si las personas fallecidas eran integrantes de una organización armada ilegal o si tenían alguna otra condición. La confirmación de Medicina Legal permite avanzar en la identificación de las víctimas, pero no resuelve las preguntas sobre las circunstancias de sus muertes.
El ataque, denominado Operación Orión, tuvo como objetivo un campamento ubicado en la finca El Retiro, que, según las Fuerzas Militares, pertenecía al círculo de seguridad de alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc. La acción se habría desarrollado alrededor de la 1:00 de la tarde.
En su balance, el Comando General de las Fuerzas Militares confirmó que dos integrantes de una estructura armada ilegal murieron durante la operación y que una tercera persona se sometió a la justicia. También reportó la incautación de 21 armas de fuego, más de 8.000 unidades de munición, explosivos y material de guerra, comunicaciones e intendencia.
Fuentes militares citadas en la información conocida sobre el operativo señalaron que se utilizaron dos bombas de 400 kilogramos. Sin embargo, ese detalle no aparece desarrollado en el comunicado institucional divulgado posteriormente.
Una operación que no se informó cuando ocurrió
El bombardeo no fue anunciado públicamente el 5 de octubre ni apareció entre los resultados que el Gobierno había divulgado sobre sus operaciones militares. Su existencia se conoció más de un mes después, a raíz de las denuncias de habitantes y organizaciones campesinas de Cumaribo.
El 13 de noviembre, después de que se hicieran públicas esas denuncias, el Comando General de las Fuerzas Militares reconoció oficialmente el ataque y explicó que la operación había sido planeada y ejecutada bajo los parámetros constitucionales, legales y operacionales, con observancia de los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La institución sostuvo que el objetivo era militar y que se aplicaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. También afirmó que el planeamiento y desarrollo de la operación contaron con acompañamiento de autoridades judiciales, que adelantaron los actos urgentes correspondientes.
Sobre la falta de información pública inmediata, el Comando señaló que la divulgación de detalles de operaciones militares debe observar las disposiciones legales relacionadas con la reserva y la protección de información sensible.
La Defensoría reportó daños en dos viviendas y dos familias
La versión militar, que niega afectaciones a personas o bienes civiles, contrasta con lo observado por una delegación de la Defensoría del Pueblo y con las denuncias de las comunidades.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que el bombardeo ocurrió aproximadamente a la 1:00 p. m. en la vereda Caño Cadá y señaló que durante la inspección se encontraron afectaciones en dos viviendas, dos familias y bienes materiales.
“Se evidenciaron cráteres de más de un metro de profundidad y tres de diámetro”, indicó la funcionaria al referirse a los daños observados en el lugar.
La Asociación de Campesinos de Cumaribo (ASOCOAVI) y otras organizaciones comunitarias denunciaron, además, afectaciones en una finca vinculada a un proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Según sus reportes, el impacto habría destruido o perjudicado cultivos de maíz, frutas y cacao.
Los habitantes también hablaron de al menos 48 impactos en el terreno. Esa cifra corresponde a los reportes comunitarios y no debe confundirse con el número de artefactos utilizados en el ataque.
Un dirigente social de la zona afirmó que en la finca El Retiro vivía una familia campesina vinculada al programa de sustitución Renacer. Según su relato, sus integrantes no se encontraban en la vivienda cuando ocurrió el bombardeo y, al regresar, encontraron daños de gran magnitud.
El mismo líder aseguró que una mujer embarazada, residente en otra finca situada aproximadamente a un kilómetro del lugar del ataque, habría presentado una emergencia de salud y fue trasladada a un centro médico. Esa versión fue atribuida al reporte de un vecino y no se ha divulgado documentación médica que permita establecer la causa de la afectación.
La comunidad también expresó preocupación por la posible presencia de explosivos sin detonar y solicitó la intervención de una comisión de desminado humanitario para revisar el terreno antes de que las familias regresen con seguridad.
Dos versiones que requieren esclarecimiento
La controversia central está en la diferencia entre el balance de las Fuerzas Militares y los daños reportados por la Defensoría y las comunidades.
Mientras el Comando General sostiene que el ataque se dirigió contra un objetivo militar y que no hubo afectaciones a bienes ni a personal civil, la Defensoría confirmó daños en dos viviendas y dos familias. A ello se suman las denuncias sobre cultivos destruidos y otros perjuicios en la finca.
La existencia de daños materiales no determina por sí sola si hubo una infracción al Derecho Internacional Humanitario. Para establecerlo se requiere esclarecer la naturaleza de los bienes afectados, las circunstancias del ataque, la información disponible durante su planeamiento y las medidas adoptadas para proteger a la población.
La identificación de uno de los cuerpos como el de una mujer tampoco permite concluir que se tratara de una víctima civil. Esa condición deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes, al igual que la identidad de la segunda persona fallecida.
Orión, el noveno bombardeo de los primeros 100 días de Gobierno
La operación en Cumaribo se suma a la serie de bombardeos ejecutados durante los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella contra estructuras del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
El balance presentado por el Ministerio de Defensa el 15 de noviembre incluyó nueve ataques aéreos en seis departamentos: Norte de Santander, Guaviare, Vichada, Cauca, Chocó y Antioquia. Orión, realizada el 5 de octubre, fue una de las operaciones que no se había informado públicamente cuando ocurrió.
Entre los antecedentes que han generado cuestionamientos sobre el uso de bombardeos están las operaciones Amón y Azarías, en Guaviare, en las que Medicina Legal confirmó la muerte de menores de edad, y otros episodios en los que se denunciaron afectaciones a población campesina.
Por eso, el caso de Cumaribo no se limita a la identificación de dos cuerpos. También vuelve a poner sobre la mesa la obligación de esclarecer los resultados de las operaciones militares, garantizar la protección de la población civil y establecer si las acciones se ajustaron a las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Por ahora, siguen pendientes la identificación plena de las dos personas fallecidas, la determinación de su condición y el esclarecimiento de los daños denunciados en Caño Cadá.