El Tribunal Administrativo de Casanare puso la lupa sobre la situación del relleno sanitario Macondo, ubicado en la vereda La Niata de Yopal, y ordenó a varias entidades públicas adoptar medidas inmediatas ante los problemas ambientales, sanitarios y de capacidad que enfrenta este sitio de disposición de residuos.
La decisión judicial señala una vulneración de derechos colectivos relacionados con el ambiente sano, la salubridad pública y la prestación eficiente de los servicios públicos, como consecuencia de las condiciones en las que viene operando el relleno.
De acuerdo con el fallo, Macondo fue concebido inicialmente para atender las necesidades de Yopal, pero con el paso del tiempo comenzó a recibir residuos de 13 municipios de Casanare y dos municipios de Boyacá. Esta situación habría acelerado el agotamiento de su capacidad.
Entre los problemas identificados por el Tribunal se encuentran la saturación de las trincheras 6, 7 y 8, además de la preocupación por la capacidad disponible en la trinchera 9, cuya operación se encuentra próxima a llegar a su límite.
El expediente también registra afectaciones ambientales asociadas con el manejo de lixiviados, incluyendo vertimientos hacia el cauce y la zona de protección del caño El Turrón. A esto se suman reportes de malos olores, presencia de polvo durante las temporadas secas y dispersión de materiales livianos hacia los terrenos vecinos.
La situación también afecta a los habitantes del sector de La Niata, donde el Tribunal encontró deficiencias relacionadas con infraestructura de saneamiento y obras de acueducto que permanecen inconclusas o sin funcionamiento.
Falta de una solución regional
Uno de los principales cuestionamientos de la decisión está relacionado con la falta de coordinación entre las autoridades para enfrentar el agotamiento de la capacidad del relleno.
El Tribunal cuestionó las demoras en la búsqueda de una alternativa regional para la disposición de residuos y la falta de actualización oportuna de los instrumentos de planificación relacionados con el manejo de los residuos sólidos.
Por esta razón, la sentencia ordena a la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), Acuatodos, Corporinoquia y los municipios vinculados adoptar medidas de transición.
Entre las acciones está establecer con precisión la capacidad remanente de Macondo y avanzar en la estructuración de soluciones definitivas y sostenibles para la disposición de residuos en la región.
Los municipios boyacenses de Pajarito y San Luis de Gaceno quedaron por fuera de las órdenes directas del fallo, debido a que, según el Tribunal, se trata de usuarios o clientes cuya situación no está sometida a la jurisdicción departamental de Casanare.
Los costos no podrán trasladarse a los usuarios
Otro de los puntos de la sentencia que tendrá impacto directo sobre los usuarios del servicio de aseo es la determinación de que las ineficiencias, sobrecostos operativos y problemas de planeación atribuibles a las entidades responsables no podrán ser trasladados a los ciudadanos mediante incrementos en las tarifas.
El Tribunal también ordenó remitir copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
El propósito es que los organismos competentes determinen si existen responsabilidades de carácter penal, disciplinario o fiscal relacionadas con las actuaciones y omisiones de gobernadores y alcaldes que estuvieron al frente de las administraciones durante el periodo analizado.
La decisión pone nuevamente en el centro del debate regional el futuro de Macondo y la necesidad de definir qué ocurrirá con la disposición de residuos cuando la capacidad del actual relleno sanitario llegue a su límite.