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"Hay panfletos amenazando a precandidatos políticos": FDH Joel Sierra.

La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, emitió un comunicado a la opinión pública, denunciando la circulación de unos panfletos, al parecer, firmados por las Águilas Negras, en los que amenazan a varios precandidatos políticos que aspiran a las alcaldías de los municipios:

“Hacemos un urgente llamado al gobierno colombiano, a los organismos de justicia y control activar de manera inmediata el sistema de alertas tempranas y tomar las medidas de protección para los dirigentes sociales y políticos de esta región del país que nuevamente son objetos de amenazas.

“El día de hoy, 10 de mayo, fueron dejadas en algunas casas de habitación y otros sitios, del municipio de Arauquita panfletos amenazantes a nombre de las Águilas Negras, Bloque Vencedores de Arauca II en los cuales se señala a dirigentes sociales y/o políticos, como los precandidatos a la alcaldía de ese municipio Juan Carlos Santamaría, Eduardo Ramírez, Geiner Benítez, José Díaz, Wilson Ramírez, Jamid Cetina, Renso Martínez Prada, a quienes se les sindica de estar propiciados en sus aspiraciones políticas por el Ejército de Liberación Nacional ELN, y a los dirigentes Orlando Ardila, Martín Sandoval, Hugo Barrios y Mary Luz Rodríguez, de quienes de afirma las FARC-EP estarían orientando para que voten por ellos.

“De la misma manera, señalan a algunas personas, con nombres completos o por sobrenombres, a los cuales se les sindica de ser milicianos o estar dando las ordenes. Entre estas personas estigmatizadas y amenazadas se encuentran Amaury Ruiz, el presidente de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal Wbeimar Cetina, y el dirigente juvenil, comunal y defensor de derechos humanos Eliecer Cáceres, conocido popularmente como “el gordo Eliecer”.

“A todos estos dirigentes se les amenaza con se les advierte que no queremos derramamiento de sangre en el territorio, pero si las cosas empeoran los primeros en morir serán los que con nombre propio mencionamos en este listado.

“De otra parte, en el municipio de Puerto Rondón, desde la semana pasada circula un panfleto suscrito por el Bloque Arauca de las bandas criminales donde se declara objetivo militar algunas personas que son señalados de ser auxiliadores y colaboradores de la guerrilla o simpatizantes de la misma.

“Entre las personas mencionadas se encuentran Bernabé Cudros, la profesora Teresa Cifuentes, Jhonency Fonseca y Sharlys Sosa, además indican que se les está haciendo inteligencia militar a otras personas.

“En el municipio de Cravo Norte, la comunidad ha denunciando un grupo de personas armadas, al parecer conformado por desmovilizados de la guerrilla, los paramilitares y otras personas entre ellas algunos indígenas, quienes realizan amenazas y extorsiones, denuncias a las cuales las autoridades civiles y militares, y los organismos de control no le han prestado la más mínima atención, hasta que se presentó el caso en La finca Palmiras, vereda Juriepe, el 2 de mayo, donde fue asesinada la menor Mayerly Niño Blanco, de 14 años y el pastor evangélico Gualberto Nieves Niño.

“En el municipio de Tame, también las comunidades han denunciado reuniones, amenazas y extorsiones, a nombre de supuestos paramilitares, en zonas que son de control de la Brigada Móvil N. 5.

“Desde finales del año 2001, Arauca ha sufrido un gran número de masacres, muertes selectivas, desapariciones forzadas, torturas, extorsiones, abigeato y amenazas a nombre de grupos paramilitares, comandados políticamente por Julio Enrique Acosta Bernal, Alfredo Iván Guzmán Tafur y otros, y militarmente por los mellizos Mejía Múnera y los alias Polocho, Pagado, Cúcuta, Gordo Tolima y Eléctrico entre otros, cuyas acciones ha dejado miles de víctimas, principalmente en los municipios de Tame, Cravo Norte, Puerto Fondón, la zona Rural de Arauca capital y Saravena.

“Por tratarse ésta, una política de Estado en la que concurren dirigentes políticos y fuerza pública, y haber contado con el apoyo de los órganos de justicia y control, no se han adelantado las investigaciones serias y prontas que conduzcan a una verdadera justicia, verdad, reparación integral y seguridad de no repetición.

“Por todo esto las amenazas y hechos que ahora denunciamos deben generar la atención del Estado para generar las medidas de protección inmediatas que garanticen la vida, integridad personal, los bienes y la posibilidad de desarrollar las labores sociales y políticas de los dirigentes, defensores de Derechos Humanos y comunidad en general; a ello demandamos, concurran ya todas las instituciones del Estado colombiano.

“Exhortamos a la comunidad nacional e internacional, al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, a la Organización de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al MAP OEA, a monitorear toda la grave situación de vulneración de derechos humanos que vive nuestra región y exigir al gobierno colombiano cumplir con sus compromisos en esta materia.

“A las comisiones de audiencias y derechos humanos de la Cámara y Senado de la República, asumir con inmediatez el seguimiento a esta situación y el requerimiento al Estado para que actúe en protección de las víctimas”.

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