Arauca


A más de 7 mil millones de pesos llega presunto daño patrimonial en Arauca: Contraloría General de la República.

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Las inversiones ejecutadas con recursos de regalías en el departamento de Arauca siguen presentando inconvenientes, como lo evidencian los hallazgos con presunta incidencia fiscal por 7 mil 939 millones de pesos que detectó la Contraloría General de la República en el segundo semestre de 2017, de los cuales 7 mil 299 millones corresponden a un proyecto de vivienda de interés prioritario en el municipio de Arauca que se convirtió en un completo fiasco.

Se trata del proyecto “Los Laureles I”, en la comuna tres del municipio de Arauca, que se está ejecutando a través de un convenio de cooperación entre la Gobernación y la Caja de Compensación de Arauca – Comfiar, donde las viviendas, que no ha sido entregadas a sus 238 beneficiarios, no cuentan con energía y alcantarillado, tienen problemas técnicos y constructivos y no se ha podido realizar su respectiva titulación.

En los últimos dos años, entre 2015 y 2017, los hallazgos con presunta incidencia fiscal encontrados por la Contraloría General de la República en el departamento de Arauca y sus municipios ascienden a 40 mil 247 millones de pesos.

Una de las obras inconclusas que salta a la vista es la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Arauca, que se encuentra en total abandono, sumado al saqueo y deterioro de una obra que no fue puesta al servicio de la ciudadanía.

Se trata sin duda de un “Elefante Blanco”, que representa una pérdida de recursos de regalías por un valor de 10 mil 824 millones de pesos, hallazgo evidenciado por la CGR en las auditorías adelantadas durante 2016.

Uno de los hallazgos más relevantes del proceso auditor del primer semestre de 2017 realizado en el departamento de Arauca tiene que ver con el colapso, por mala calidad de las obras, del alcantarillado de Puerto Jordán, corregimiento del municipio de Tame, donde la CGR configuró un hallazgo con presunta incidencia fiscal por 2 mil 300 millones de pesos.

La comunidad araucana ha apoyado también la labor de la Contraloría General de la República con denuncias sobre algunos proyectos, como ocurrió en el caso del Complejo Ferial de Arauca, que se encuentra suspendido en su segunda fase, presenta un estado crítico y está siendo utilizado como parqueadero de la maquinaria pesada de propiedad del departamento.

Proyecto de vivienda en estado crítico

Como resultado de las auditorías que realizó la CGR en el segundo semestre del 2017 a los recursos de regalías en el departamento de Arauca, se detectó un significativo retraso en el proyecto de vivienda de interés prioritario “Los Laureles I”, en el municipio de Arauca.

Por este caso, la Contraloría consolidó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por 7 mil 299 millones de pesos, de recursos provenientes de regalías.

El proyecto presenta una serie de problemas técnicos y de gestión predial, que están afectando a la comunidad que se beneficiaría de esas obras, ya que las viviendas no han sido entregadas.

Se trata de 238 viviendas que serían subsidiadas en un 95% mediante convenio con la Caja de Compensación de Arauca -Comfiar, donde los beneficiarios solo tendrían que aportar 2 millones de los 45 millones que cuesta cada vivienda; es decir que con los recursos de regalías, se estaba cubriendo casi que la totalidad del costo.

El proyecto que se viene ejecutando desde 2013, se encuentra en total incertidumbre y está catalogado como crítico por el Departamento Nacional de Planeación.

Además. no cuenta con los servicios públicos de energía y alcantarillado, dado que no existen condiciones técnicas para poder recibir y distribuir internamente el agua y la electricidad.  

En el caso de la energía, no existen instalaciones eléctricas terminadas, no se han realizado las solicitudes de inspección para lograr el certificado RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), ni tampoco se han tramitado ante la empresa Enelar ESP las matrículas y medidores de energía.

En cuanto al servicio público de acueducto, no existe infraestructura que permita el suministro a cada vivienda, ya que a pesar de que Emserpa ESP da disponibilidad del servicio a la entrada del conjunto residencial, no es posible la distribución interna por la falta de tanques, motobombas o cualquier solución de bombeo de agua potable.

Ante lo observado no existe respuesta que garantice solución y entrega de las 238 viviendas a los beneficiarios.

A lo anterior se suman problemas con la titulación de las viviendas para los beneficiarios, debido a varios inconvenientes en el replanteamiento del lugar de la obra, dado que la Secretaría de Planeación ha tenido muchos contratiempos para hacer esa titulación.

Hasta el momento, ningún beneficiario tiene una casa asignada y no se les ha podido realizar ningún trámite notarial que los certifique como propietarios de estas viviendas.

Esta problemática es de especial interés para la comunidad araucana y se ha tratado en comités de moralización departamental. La Contraloría General de la República en respuesta a las denuncias de los ciudadanos sobre este tema, realizó las visitas correspondientes evidenciando problemas técnicos y constructivos que se deben resolver junto a la gestión predial y la no garantía de servicios públicos domiciliarios básicos, para poner en funcionamiento el proyecto.

Alcantarillado inoperante

En el primer semestre de 2017, la Contraloría configuró un hallazgo con presunta incidencia fiscal por 2 mil 300 millones de pesos, por un alcantarillado ubicado en Puerto Jordán, corregimiento del Municipio de Tame donde funciona la empresa de servicios públicos, Caribabare ESP.

El departamento de Arauca suscribió un convenio con esta empresa para construir un alcantarillado en el centro poblado de Puerto Jordán, en virtud del cual entregó a Caribabare 2 mil 300 millones de pesos para su construcción, pero nunca se definió en la etapa de planeación quien realizaría la operación una vez entrara en funcionamiento y tampoco se precisó cómo se cobraría a los usuarios la prestación del servicio.

Las obras del alcantarillado sufrieron varias suspensiones y duraron casi 3 años en construcción, entre 2012 y 2015, y Caribabare, una vez terminó las mismas, entregó a través de un acta la operación del alcantarillado a la asociación Encusay E.S.P.

Sin embargo, este operador no contaba con la capacidad técnica para su operación y mantenimiento, puesto que las plantas que permiten que se mueva el agua, requieren de personal calificado para su manejo.

Encusay solicitó en repetidas ocasiones a Caribabare y a la Gobernación que le facilitaran técnicos para esas máquinas y estos hicieron caso omiso. Y debido a la falta de mantenimiento y de un operario especializado, la maquinaria se dañó.

La Contraloría comunicó la observación a Caribabare, al departamento y a Encusay, pero cada uno libra su responsabilidad de la problemática pasando la culpa a los otros.

En la actualidad el alcantarillado no funciona, así como tampoco sirven las lagunas de oxidación.

En la visita que realizó la Contraloría se evidenció también que el agua negra se filtra por las alcantarillas y se mete entre las casas del centro poblado.

Complejo ferial de Arauca, otro proyecto crítico

La Contraloría también recibió una denuncia de la comunidad sobre el Complejo Ferial de Arauca, un escenario que sería utilizado para el desarrollo de actividades y exposiciones agrícolas, ganaderas, entre otros, el cual fue objeto de revisión por parte del ente de control, evidenciando múltiples problemas.

El proyecto se encuentra suspendido en su segunda fase y ha tenido reprogramaciones.

El DNP ha suspendido los giros al proyecto y, además, hay incertidumbre sobre su sostenibilidad, ya que la administración departamental no tiene claridad de cómo se va a terminar el mismo.

Tras la auditoría efectuada por la CGR, se evidenció un problema con la báscula camionera, que permitiría el pesaje de los vehículos que ingresan y salen del complejo para el mercado ganadero.

El equipo auditor encontró que a pesar que fue comprada e instalada en 2016, a la fecha los instrumentos de medición no han sido puestos en uso, por lo cual no ha podido entrar en funcionamiento y no cumple con el objetivo para el cual fue comprada.

Sumado a lo anterior, la caseta donde deberían estar esos instrumentos, no tiene techo y funciona en la actualidad como bodega.

Ante las observaciones de la Contraloría, la administración manifestó que adelantaría las acciones necesarias para poner en funcionamiento la báscula y los instrumentos de medición, pero esto no ha ocurrido.

Actualmente el Complejo Ferial de Arauca funciona como parqueadero de la maquinaria amarilla y verde del departamento.

Por lo anterior, la CGR consolidó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por 216 millones de pesos.