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  • Última actualización 2026-07-15 10:52:38

Atentados contra la fuerza pública en Arauquita y Saravena, incluidas en la denuncia contra Chávez

La denuncia contra Hugo Chávez y la demanda contra el Estado venezolano, ante la CPI y la CIDH, cuentan con más de un centenar de evidencias que van desde asesinatos, secuestros y ataques a civiles, entre otros, de guerrilleros que se esconderían en Venezuela.

En un completo dossier de 116 páginas se sustenta la denuncia penal contra el presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la demanda contra el Estado de Venezuela, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada por el abogado Jaime Granados en representación de víctimas colombianas que han padecido presuntos delitos por parte de guerrilleros de las Farc y del Eln, que se refugiarían en Venezuela.

Dentro de los sucesos que constituyen supuestos crímenes de lesa humanidad y violaciones del derecho a la vida, de las víctimas representadas en estos procesos, hay 60 denuncias de hechos ocurridos entre el 3 de enero y el 3 de julio de 2010 de secuestros, homicidios, hurtos, activación de artefactos explosivos, ataques a patrullas de la Policía y el Ejército de Colombia y acondicionamiento de campos minados. Estos presuntos delitos fueron cometidos en los municipios de Saravena y Arauquita (Arauca), Maicao y Albania (La Guajira) y Tibú (Norte de Santander).

Según el dossier, la denuncia y la demanda contra Chávez y el Estado de Venezuela, los supuestos hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos de la Vida y la Libertad personal, solo en 2010, están detallados en 25 asesinatos de civiles, 13 plagios, 5 muertes por minas antipersonales, 6 heridos por minas, 23 ataques a bienes civiles y 10 artefactos detonados contra el Ejército y la Policía de Colombia.

Dentro de las pruebas que dan cuenta de la supuesta presencia de las Farc y el Eln en Venezuela, con conocimiento de las autoridades locales, están denunciadas 18 comunicaciones ocurridas entre el 10 de septiembre de 2001 y el 8 de octubre de 2007.

Con este material probatorio, el abogado Jaime Granados, en representación de víctimas de la guerrilla, acudió a la CPI y a la CIDH. Ya el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, según Granados, afirmó que serviría como testigo.

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