La Fiscalía General de la Nación judicializó a nueve presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado 'El Humedal', señalado de distribuir estupefacientes en varios sectores de Villavicencio, Meta. Entre los procesados figura Tania Maryory Bustos Galindo, quien, de acuerdo con la investigación, sería la cabecilla de la organización.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía establecen que, entre marzo de 2025 y mayo de 2026, el grupo habría comercializado dosis de cocaína y marihuana en puntos fijos de los barrios Simón Bolívar, Antonio Pinilla y San Carlos. Según el ente acusador, la estructura criminal también habría utilizado menores de edad para la distribución de los estupefacientes.
El operativo se desarrolló mediante diez diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional, que permitieron hacer efectivas siete órdenes de captura y la detención en flagrancia de otras dos personas.
Los capturados fueron identificados como Tania Maryory Bustos Galindo, Jaider Steven Peña, Edwin Esteban Siavato Gaitán, Jhorman Stewar Pérez Urrego, Keyla Sahiry Cruz Giraldo, Andrés Camilo Ávila Cruz, José Abelardo Rodríguez Orjuela, Albeiro Alexander Marín Restrepo y Jeison David Álvarez Rodríguez.
Un fiscal de la Seccional Meta les imputó, de acuerdo con la presunta participación de cada uno, los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; uso de menores de edad para la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. De los nueve procesados, únicamente dos aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
En audiencia ante un juez de control de garantías, Tania Maryory Bustos Galindo, Jaider Steven Peña y Edwin Esteban Siavato Gaitán recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Keyla Sahiry Cruz Giraldo deberá cumplir detención domiciliaria. La situación jurídica de los demás procesados continúa siendo definida por las autoridades competentes.
La Fiscalía recordó que los procesados se presumen inocentes mientras no exista una decisión judicial en firme que establezca su responsabilidad penal, conforme a los principios consagrados en la Constitución y la ley.