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Arauca
Dos generales que comandaban las tropas en Arauca saldrían del Ejército tras el secuestro de una subteniente
El comandante de la Octava División y el de la Brigada 18 estarían entre los tres oficiales llamados a calificar servicios. La decisión se conoce después de meses de ataques, secuestros y operaciones militares en el departamento.
Dos de los generales que tenían bajo su responsabilidad las operaciones militares en Arauca serían llamados a calificar servicios por decisión del Gobierno Nacional, en medio de los cuestionamientos a la situación de orden público en el departamento y tras el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Se trata del brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez, comandante de la Octava División, y del general Jorge Mario Aguirre Martínez, comandante de la Décima Octava Brigada. Sus nombres aparecen entre los tres altos oficiales cuya salida del Ejército habría sido ordenada por el Gobierno Nacional.
El tercer oficial sería el general Milton César Escobar Gallego, comandante de la Brigada 23, cuya salida estaría relacionada con los resultados de las operaciones militares en Nariño.
Aunque la junta asesora de generales estaba prevista para el lunes 9 de noviembre, fue aplazada debido al desplazamiento de integrantes de la cúpula militar a Tunja, donde acompañaron al presidente Abelardo de la Espriella en un consejo de seguridad.
De acuerdo con la información conocida hasta ahora, los tres oficiales ya habrían sido notificados verbalmente y estarían a la espera del decreto que formalice su salida. Mientras no se expida ese acto administrativo, la decisión no puede considerarse oficialmente formalizada.
El secuestro que puso nuevamente a Arauca bajo la lupa
Uno de los hechos que habría precipitado la decisión sobre los dos comandantes con jurisdicción en Arauca es el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, ocurrido el miércoles 4 de noviembre en Saravena.
La oficial, de 25 años, pertenece al Grupo de Caballería Mediano N.º 18 y al arma de Inteligencia del Ejército. Se encontraba vestida de civil cuando fue interceptada por hombres armados que se movilizaban en motocicleta en el casco urbano del municipio.
El Ejército atribuyó preliminarmente el secuestro al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN. La guerrilla posteriormente reconoció que tenía a la militar en su poder.
El hecho generó un despliegue de las Fuerzas Militares y de Policía para establecer su paradero y conseguir su liberación. La institución informó que activó los protocolos de búsqueda y coordinó acciones con la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.
El caso también generó preocupación por las circunstancias en las que se produjo la retención de una integrante de la propia institución militar en una zona urbana de un municipio con una prolongada presencia de grupos armados ilegales.
El llamado del padre de la subteniente
En medio de la incertidumbre por el paradero de María Camila, su padre, el coronel retirado del Ejército Bernardo Pantoja, hizo un llamado público para que respeten la vida de su hija.
En declaraciones concedidas después del secuestro, contó que había hablado con ella hacia el mediodía del día de los hechos. La joven le manifestó que debía salir a realizar algunas diligencias y él le recomendó extremar las medidas de seguridad por las condiciones de orden público de Saravena.
"Le dije que tuviera todas las medidas de seguridad, que tuviera mucho cuidado, pues, conociendo, pues, Arauca, que es un municipio muy delicado", relató.
El oficial retirado también explicó que su hija estaba de civil y que, según las circunstancias que conocía, tenía previsto realizar algunas gestiones y encontrarse con un contacto para adelantar labores de inteligencia.
Sin embargo, evitó dar por ciertas las diferentes versiones sobre la forma en que ocurrió el secuestro y sus posibles motivaciones.
"Como padre, yo lo que busco es que me le respeten la vida", expresó, al describir la angustia que atraviesa su familia y la incertidumbre de no saber dónde se encuentra la subteniente.
Su testimonio puso de manifiesto el drama de una familia que espera la liberación de una joven militar que apenas comienza su carrera profesional.
Los generales bajo cuya jurisdicción está Arauca
El brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez asumió el comando de la Octava División el 22 de enero de 2026. Es oficial del arma de Caballería y, al llegar al cargo, acumulaba 33 años de servicio en el Ejército.
Antes estuvo al frente de la Brigada 30, en Norte de Santander, y ocupó cargos de mando en unidades como la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3, la Décima Brigada y el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales. También se desempeñó como agregado militar y aéreo en el Reino Unido.
La Octava División tiene bajo su jurisdicción las operaciones militares en Arauca, Casanare, Guainía, Vichada y algunos municipios de Boyacá.
Por su parte, el general Jorge Mario Aguirre Martínez está al frente de la Décima Octava Brigada, unidad con responsabilidad operacional directa en Arauca y orgánica de la Octava División.
La eventual salida de ambos representaría un cambio importante en la estructura de mando militar que tiene a su cargo las operaciones contra el ELN y otras estructuras armadas ilegales en el departamento.
Ataques, secuestros y una escalada de violencia
La situación de seguridad que enfrenta Arauca durante 2026 permite entender el contexto en el que se produce este movimiento en la cúpula militar.
Desde la llegada de Ortiz a la Octava División se han registrado varios episodios de gravedad.
En febrero, el Ejército participó en un consejo extraordinario de seguridad con autoridades civiles y organismos de control, en el que se evaluaron los hechos violentos y se acordaron medidas para fortalecer la presencia institucional.
Posteriormente, entre el 3 y el 4 de junio, Arauca capital fue escenario de ataques con granadas contra establecimientos comerciales, relacionados con extorsiones atribuidas a integrantes de las disidencias de las FARC. Las autoridades reportaron posteriormente la captura de uno de los presuntos responsables.
El 14 de julio ocurrió uno de los hechos más graves del año: un ataque con explosivos contra la subestación de Policía de Betoyes, en Tame, atribuido al ELN. La acción dejó dos policías y una mujer civil muertos, además de nueve uniformados heridos.
La Defensoría del Pueblo advirtió que el ataque se produjo cerca de establecimientos educativos donde permanecían niños y niñas indígenas, exponiendo a la comunidad a los efectos de las hostilidades.
Días después, el 23 de julio, se reportó el hallazgo de un dron cargado con explosivos cerca de los tanques del complejo petrolero de Caño Limón, lo que volvió a evidenciar los riesgos para la infraestructura estratégica de Arauca.
En septiembre, el Ejército reforzó su presencia en Betoyes tras reportes sobre la aparición de integrantes del ELN en ese sector.
Finalmente, el 4 de noviembre, el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja en Saravena volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad y la capacidad de respuesta de las autoridades en el departamento.
También hubo resultados operacionales
Aunque la persistencia de los hechos violentos ha generado cuestionamientos sobre la seguridad territorial, el balance de la Octava División también registra resultados en las operaciones contra los grupos armados ilegales.
El balance institucional correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de septiembre de 2026 reportó 263 afectaciones a estructuras criminales en toda la jurisdicción de la Octava División. Entre ellas se encuentran 236 capturas, 11 sometimientos, ocho presentaciones voluntarias y ocho muertes en desarrollo de operaciones militares.
En Arauca, específicamente, se contabilizaron 63 afectaciones a estructuras ilegales, 52 de ellas contra el ELN. El resultado incluyó 42 capturas, cuatro presentaciones voluntarias y seis muertes en operaciones militares. También se informó sobre la recuperación de diez menores de edad que estaban en las filas de esa guerrilla.
Estas cifras muestran que las tropas mantuvieron operaciones y obtuvieron resultados contra las organizaciones ilegales. No obstante, la continuidad de los ataques, los secuestros y las acciones armadas evidencia que esos resultados no han sido suficientes para impedir que los grupos ilegales continúen ejerciendo presión sobre la población y las instituciones.
Una crisis que viene de años atrás
La violencia en Arauca no comenzó con la llegada de los actuales comandantes. El departamento arrastra una prolongada confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC, especialmente por el control territorial y de las economías ilegales.
La magnitud de la problemática quedó reflejada en los registros de Naciones Unidas: durante 2025, ONU Derechos Humanos documentó 277 casos de privaciones arbitrarias de la libertad en Arauca, frente a 163 en 2024 y 90 en 2023.
La Defensoría del Pueblo también había advertido sobre el incremento de homicidios, reclutamiento forzado de menores, desplazamientos y confinamientos en distintos municipios del departamento.
En ese escenario, la eventual salida de los dos generales abre interrogantes sobre la evaluación que está haciendo el Gobierno Nacional del desempeño de los mandos militares y sobre los cambios que pretende implementar para enfrentar la crisis de seguridad.
Por ahora, mientras se espera la formalización de las decisiones, la prioridad sigue siendo conseguir la liberación de la subteniente María Camila Pantoja y garantizar su regreso sana y salva a su familia.
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