En una movilización que marca un nuevo capítulo de tensiones en el departamento de Arauca, Colombia, desde la madrugada de este 5 de febrero, comunidades locales han bloqueado los accesos a los complejos petroleros de Caño Limón y Caricare, así como otros puntos estratégicos, en un llamado urgente por atención a sus demandas.
Los manifestantes, congregados en la vereda La Yuca de Arauca y La Osa de Arauquita, además de las afueras de Panamá de Arauca, exigen una mesa de diálogo que aborde un pliego de peticiones centrado en derechos sociales, ambientales, y económicos.
Según los voceros de las organizaciones sociales involucradas, el bloqueo responde a la falta de avances en las negociaciones con representantes del gobierno nacional, quienes, a pesar de haber participado en una mesa de concertación la semana pasada en Saravena, no habrían mostrado disposición para llegar a acuerdos significativos con las empresas petroleras. Esta situación ha exacerbado las tensiones en una región ya marcada por la movilización de organizaciones sociales desde el pasado 22 de enero, reclamando acciones concretas sobre su pliego de 13 páginas remitido previamente.
Las protestas se enfocan en exigir mejoras en diversos sectores, incluyendo el mineroenergético, ambiental, la productividad, infraestructura vial, el sector étnico, y los derechos humanos, reflejando un amplio espectro de preocupaciones comunitarias. La elección de Gustavo Petro como presidente había generado esperanzas de diálogo y acción efectiva hacia estas demandas; sin embargo, los manifestantes expresan sentirse abandonados por el actual gobierno.
El impasse en Saravena, donde una delegación del gobierno encabezada por la viceministra Lilia Solano no logró acuerdos, ilustra la complejidad del desafío que enfrentan tanto el gobierno como las comunidades. Los delegados gubernamentales, según se reporta, no poseían la autoridad necesaria para negociar sobre el pliego de demandas, dejando un vacío en las expectativas de las comunidades.
La situación en Arauca no solo resalta la urgencia de establecer canales de diálogo efectivos entre el gobierno, las empresas petroleras y las comunidades, sino que también pone de manifiesto las profundas preocupaciones socioeconómicas y ambientales de una región estratégica para la industria petrolera colombiana. El secretario de gobierno departamental, Nasser Cruz Matus ha hecho un llamado para una respuesta rápida del ministro del Interior, subrayando la importancia de no afectar los derechos de movilidad y las libertades de la comunidad araucana.