Un nuevo atentado contra la infraestructura petrolera en el departamento de Arauca volvió a encender las alarmas ambientales y sociales. El pasado jueves 29 de mayo, en horas de la mañana, fue reportado un ataque con explosivos contra el oleoducto Bicentenario en la vereda Palmarito, zona rural del municipio de Fortul, que ocasionó el derrame de crudo y la contaminación del río Caranal, además de varios caños cercanos.
La acción violenta, atribuida a grupos armados ilegales que operan en el piedemonte llanero, provocó la pérdida de contención del crudo, desatando la preocupación de las comunidades ribereñas y de las autoridades ambientales.
Emergencia ambiental y despliegue de contingencia
Ante el incidente, la empresa Cenit, filial de transporte del Grupo Ecopetrol, activó de inmediato su Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) e informó a las autoridades locales, incluyendo al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Equipos técnicos y maquinaria especializada fueron movilizados a la zona para contener el crudo, instalar barreras y comenzar labores de limpieza, con el objetivo de mitigar el impacto ambiental.
En paralelo, el Ejército Nacional desplegó tropas para asegurar el perímetro y permitir el ingreso seguro del personal de respuesta. Como medida preventiva, Cenit recomendó a la población evitar el contacto con el agua del río Caranal hasta que se descarte la presencia de agentes contaminantes.
Rechazo institucional y llamado a la paz
El Gobierno Departamental de Arauca, en cabeza del gobernador Renson Martínez, emitió un enérgico rechazo a lo ocurrido. “Este acto no solo atenta contra bienes estratégicos del Estado, sino que pone en grave riesgo la salud de la población y la integridad de un ecosistema frágil”, declaró el secretario de Gobierno, Nasser Cruz Matus.
El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones sociales para condenar cualquier forma de violencia que ponga en peligro la estabilidad del departamento y la vida de sus habitantes.
Cenit y Ecopetrol también se pronunciaron. En un comunicado conjunto, las empresas condenaron el ataque, asegurando que “estos actos ilícitos ponen en riesgo la vida de personas inocentes, deterioran ecosistemas vulnerables y afectan el desarrollo energético del país”.
Crisis ambiental en un contexto de violencia creciente
El atentado ocurre en medio de un alarmante repunte de acciones contra la infraestructura petrolera en Colombia. Según cifras del Ministerio de Defensa citadas por Campetrol, en 2024 se registraron 43 voladuras de oleoductos, un 16,2% más que en 2023. El panorama en 2025 es aún más grave: solo entre enero y marzo se contabilizaron 13 voladuras, un incremento del 333% frente al mismo periodo del año anterior.
Arauca ha sido el epicentro de esta oleada de violencia, concentrando el 84,6% de los ataques registrados en el primer trimestre del año. El municipio de Saravena encabeza la lista con más del 60% de los casos reportados.
Impacto económico y ambiental
Además del daño ambiental, los atentados están afectando seriamente la producción de hidrocarburos en el país. En marzo de 2025, la producción diaria de petróleo se redujo a 747,9 mil barriles por día, el nivel más bajo desde mayo de 2022. Esta caída impacta directamente las finanzas públicas y el empleo en regiones ya golpeadas por la violencia y el abandono estatal.
Mientras continúan las labores de contención y recuperación en Fortul, las autoridades locales, ambientales y militares mantienen vigilancia permanente. La comunidad, por su parte, exige garantías de seguridad y protección ambiental en un territorio históricamente afectado por el conflicto armado y la extracción de recursos.