El próximo 28 de diciembre se reunirá nuevamente el Consejo de Política Social para analizar los autos proferidos por la Corte Constitucional ante la situación de la población indígena del departamento de Arauca.
La determinación de la Corte fue conocida en la última jornada del Consejo de Política Social realizada el pasado 17 de diciembre, donde se determinó por parte del Gobernador Luis Eduardo Ataya Arias convocar a una nueva reunión antes de finalizar el presente año.
El mandatario de los araucanos pidió a todos los miembros del Consejo Política Social puntual asistencia y especialmente a los alcaldes de todos los municipios.
Las comunidades de La Esperanza, Iguanito y Caño Claro, se encuentran hacinadas en la población de Betoyes, a ocho kilómetros de Tame, luego de haber sido desplazadas de sus resguardos por el conflicto armado hace más de un año.
Mediante Auto 382, la Corte Constitucional ordenó asimismo, adoptar medidas de protección para la comunidad de Cuiloto Marrero, que se encuentra desplazada en el municipio de Puerto Rondón.
Igualmente ordenó hacer seguimiento a la Sentencia T-025 del 2004 y el Auto 004 del 2009, a través de los cuales se ordenaron medidas de protección especiales para las comunidades indígenas Hitnú y Macaguan, por considerar que se encuentran en confinamiento y desplazamiento del departamento de Arauca.
En consecuencia, todas las entidades encargadas de velar por el bienestar de los aborígenes, tendrán que unificar esfuerzos y diseñar un plan de acción que otorgue verdaderas garantías en favor de dichas comunidades.