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- Última actualización 06:37 AM
Arauca
Corte niega posesión de Karen Manrique en el Congreso.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud presentada por la representante a la Cámara por Arauca, Karen Manrique Olarte, para ser trasladada bajo custodia del Inpec al Congreso de la República y posesionarse el próximo 20 de julio en su curul para el periodo legislativo 2026-2030.
Manrique permanece privada de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La defensa de la congresista argumentó que, al no existir una sentencia condenatoria, conserva intactos sus derechos políticos y sostuvo que el permiso solicitado correspondía únicamente a un trámite logístico y administrativo. Paralelamente, la representante también pidió a la Mesa Directiva de la Cámara autorización para posesionarse de manera virtual mediante videollamada, solicitud que aún no había sido resuelta.
Sin embargo, la Corte rechazó la petición al considerar que la medida de aseguramiento fue impuesta porque "su libertad representa un grave peligro para la comunidad" y existe riesgo de que "persista en la actividad delictiva" que se le atribuye dentro del caso Ungrd.
El alto tribunal también concluyó que la solicitud no encaja dentro de las excepciones previstas en la Ley 65 de 1993 para permitir la salida temporal de personas privadas de la libertad, las cuales únicamente contemplan citaciones judiciales, emergencias médicas o el fallecimiento de familiares cercanos.
Juicio continúa
La decisión se suma a la adoptada el pasado 26 de mayo, cuando la Corte Suprema también negó la solicitud de prisión domiciliaria presentada por Manrique y dejó en firme el llamado a juicio contra cinco congresistas y un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio.
La investigación busca establecer si los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público aceptaron presuntas dádivas a cambio de favorecer créditos para el Gobierno Nacional.
Según la Corte Suprema, el expediente reúne documentos, grabaciones y testimonios que respaldarían la investigación. La Fiscalía sostiene que los ofrecimientos habrían sido promovidos por instrucciones de los entonces ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, ambos vinculados al mismo proceso.
Las pesquisas indican que los proyectos comprometidos alcanzarían cerca de 92.000 millones de pesos, con recursos destinados a municipios como Saravena (Arauca), entre otros.
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