La Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea Departamental rechazó la nueva ola de crímenes selectivos ocurridos en diferentes veredas de los municipios de Tame y Arauquita, el pasado fin de semana, contra inermes campesinos y trabajadores de la región.
El diputado Ferney Tique hizo un resumen de los hechos:
Mayo 28, son asesinados en la vereda El Botalón y la Esperanza de Tame: Saúl Velazco Bello, Hugo lancheros Gamba y David Lancheros Sánchez.
Mayo 29, fueron asesinados en la vereda Nuevo Mundo y el Paraíso de Arauquita: José Alejandro Lozada y Milton Carrillo Duarte. Se encuentra desaparecido el trabajador Jhon Jairo Rodríguez.
Mayo 30, fueron ultimados en las veredas Santo Domingo, la Arenosa y Caño Tigre Alto- Tame los campesinos: Carlos Saúl Jaimes, Fabián Ortiz de 16 años de edad, Ramiro Rojas y José Ramón San Juan Duarte.
Todo lo anterior como consecuencia del reinicio de la confrontación armada entre el ELN y las FARC, quienes se disputan el dominio territorial y la hegemonía en el departamento de Arauca; además, han sido víctimas del desplazamiento un numero indeterminado de familias campesinas, quienes lo han abandonado todo para refugiarse en diferentes cabeceras Municipales. De igual manera más de 20 familias con aproximadamente 70 personas se encuentran concentradas en la escuela de la vereda el Paraíso de Arauquita buscando proteger sus vidas, luego de los cruentos enfrentamientos entre estas dos agrupaciones armadas.
La directiva de la Junta de Acción Comunal del caserío Panamá de Arauca ha sido objeto de amenazas, lo que ha ocasionando su desplazamiento.
Todos estos hechos son del conocimiento de la Defensoría del Pueblo y la cruz Roja Internacional quienes se han apersonado de los acontecimientos a fin de coadyuvar en la solidaridad y el acompañamiento humanitario para con estas nuevas victimas de la violencia.
Hacemos un llamado a las autoridades civiles de los Municipios afectados, así como a las Departamentales, para que atiendan con prestancia y diligencia la tragedia que padecen las familias desplazadas, así como las que han perdido a sus seres queridos.
El llamado a las autoridades militares y policiales es a garantizar las medidas de seguridad prontas, suficientes y eficientes que protejan la vida y devuelvan la tranquilidad para las labores diarias de estas familias y en general del campesinado araucano; tal como se los ordena la constitución nacional y lo ha sugerido el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
A los grupos armados irregulares, también responsables del desastre humanitario que vive el Departamento, los exhortamos a respetar y a no cometer más acciones contra la población civil, ni contra los líderes sociales.
A la comunidad araucana un llamado a la unidad y a la acción en torno a construir caminos que conduzcan hacia la paz y el dialogo que permitan ponerle fin a la violencia.