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- Colombia
- Última actualización 2024-04-29 15:33:31
Encarcelan a un fiscal por presunta obstrucción a la justicia y dilatación de procesos
La Fiscalía General de la Nación informó que un fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado en Villavicencio, identificado como Elberto Iván Pardo Velandia, fue enviado a prisión por su presunta participación en actos de obstrucción a la justicia y dilatación de procesos penales.
La medida restrictiva de la libertad en un centro carcelario fue impuesta por un juez del circuito judicial de Villavicencio, luego de que la Fiscalía presentara elementos materiales probatorios contundentes que respaldaban las acusaciones contra Pardo Velandia.
Las investigaciones se iniciaron el 2 de noviembre de 2022, cuando se llevó a cabo un allanamiento en la celda de Ernesto Fabián Poveda, alias "Meneo", ubicada en la cárcel de El Barne en Cómbita, Boyacá. Durante el allanamiento, se incautó un teléfono celular que contenía evidencias que implicaban al fiscal en conductas ilícitas.
Las grabaciones obtenidas legalmente por la Fiscalía parecen demostrar acuerdos entre el funcionario público y "Meneo", con el supuesto objetivo de obstruir la correcta administración de justicia y retrasar procesos judiciales que cursaban en su contra. Además, se habría buscado entorpecer el trámite de una orden de captura contra la madre de Poveda.
Según la investigación, estos acuerdos estarían relacionados con el recibimiento de dádivas, a cambio de permitir el vencimiento de términos procesales y la inmediata libertad de "Meneo".
Un fiscal de la seccional Meta imputó al acusado los delitos de cohecho propio agravado, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por omisión de denuncia y asesoramiento ilegal. Aunque Pardo Velandia no aceptó los cargos imputados, el juez del caso acogió las pretensiones de la Fiscalía, legalizando su captura y confirmando la medida de aseguramiento en prisión.
Con esta decisión, la Fiscalía General de la Nación busca garantizar la transparencia y la correcta administración de justicia en el país, mostrando su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, incluso cuando los implicados sean funcionarios públicos.
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