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- Última actualización 04:13 PM
Casanare
Evacúan a seis menores de Caño Mochuelo tras alerta por presunta violencia sexual
Una niña habría sido víctima de una agresión sexual. El caso activó una operación interinstitucional para restablecer los derechos de seis menores y trasladarlos a Yopal.
Una alerta por la presunta violencia sexual contra una niña activó la ruta de protección de la niñez en el resguardo indígena Caño Mochuelo y llevó a la evacuación de seis menores hacia Yopal, donde quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La situación fue advertida por autoridades de Hato Corozal y Paz de Ariporo, entre ellas las personerías, las comisarías de familia y la Secretaría de Gobierno, que solicitaron la intervención institucional ante la presunta vulneración de los derechos de los menores.
De acuerdo con Édgar Bernal, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Casanare, la Gobernación activó una operación conjunta con el ICBF, las alcaldías, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana para hacer efectivo el traslado.
"Fueron recuperados seis menores", señaló Bernal, quien explicó que la prioridad fue garantizar el restablecimiento de sus derechos y activar los protocolos correspondientes.
La presunta agresión sexual contra una niña se encuentra en investigación y, hasta el momento, no se reportan personas capturadas por estos hechos. Los seis menores permanecen bajo protección del ICBF y son sometidos a valoración médica y seguimiento institucional.
Una ruta que ya había sido activada
El caso adquiere especial relevancia porque Caño Mochuelo ya contaba con una ruta interinstitucional para prevenir y atender casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
En febrero de este año, entidades nacionales, departamentales y municipales, junto con autoridades indígenas y prestadores de salud, se reunieron para fortalecer esa ruta, específicamente frente a la violencia sexual contra menores y mujeres del resguardo. En ese espacio participaron, entre otras entidades, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, los ministerios de Justicia e Interior y las comisarías de familia de Hato Corozal y Paz de Ariporo.
Bernal explicó que la intervención en un territorio indígena requiere coordinación con las autoridades propias, debido al régimen de jurisdicción especial. Sin embargo, señaló que ante una posible vulneración de los derechos de los niños se activan los mecanismos institucionales de protección.
El funcionario también advirtió que, debido a que no sería la primera situación de este tipo reportada en el resguardo, se estudia la posibilidad de solicitar la intervención de autoridades del orden nacional para verificar las condiciones de protección de la niñez en estas comunidades.
"La política de nuestro señor gobernador es: Los niños están primero. Donde estén en el territorio casanareño deben estar seguros, deben estar con sus padres y no pueden ser violentados", afirmó Bernal.
La situación queda ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras el ICBF adelanta el proceso de restablecimiento de derechos de los menores.
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