En consejo de seguridad las autoridades del departamento de Arauca, evaluaron la incursión de guardias venezolanos en la población fronteriza de Arauquita.
Al concluir la alcaldía de esta localidad expidió un comunicado donde informa que al concluir el consejo determinaron “trasladar el caso ante las autoridades competentes a nivel Nacional: Cancillería y Ministerio de Defensa, para que adelanten las investigaciones pertinentes y realicen los acercamientos con el Gobierno Venezolano para implementar las acciones que sean necesarias y de esta manera garantizar a la población que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar”.
Los habitantes de este municipio relataron que siendo las ocho de la noche del sábado 30 de enero se presentó un tiroteo en cerca del establecimiento conocido como “Playa Bar” entre miembros de la guardia de Venezuela y personal de la Policía Nacional.
El enfrentamiento se habría presentado cuando la Guardia de Venezuela llegó desde la población venezolana de La Victoria, hasta la orilla colombiana persiguiendo a canoeros colombianos.
Una patrulla de la Policía Nacional de Colombia que estaba cerca del lugar reaccionó por aviso de las personas que huyeron del lugar, repeliéndolos con disparos que no dejaron heridos, en un video publicado en las redes sociales es escucha el tenso momento que vivieron los pobladores de esta localidad.
El presidente de la asamblea departamental de Arauca, William Cárdenas, en la mañana del domingo pidió al Gobierno Nacional que actué de manera activa ante este hecho y al gobierno de Venezuela la apertura de la frontera.
Por su parte la Cancillería de Colombia en comunicado de prensa anunció que “desde la noche anterior el Gobierno Nacional realiza las investigaciones del caso y ha entrado en contacto con las autoridades de Venezuela a efectos de esclarecer las circunstancias en que dichos acontecimientos sucedieron y tomar las acciones a las que haya lugar”.
La frontera entre Colombia y Venezuela se encuentra cerrada desde el mes de agosto de 2015, por decisión del gobierno venezolano, aduciendo que en esta se presenta contrabando de extracción de productos alimenticios y combustible que en el vecino país son subsidiados.