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La ANT cuestiona el resultado de la entrega de tierras durante el anterior gobierno
La entidad reportó que solo se alcanzó el 6,6 % de la meta de tierras entregadas con título y anunció una revisión forense de procesos de compra, contratación y adjudicación.
La nueva dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) encontró un panorama marcado por el rezago en las metas de entrega y formalización de predios y por un elevado nivel de contratación, según el balance presentado por la directora Lina María Garrido, quien lleva cuatro semanas al frente de la entidad.
El dato que más llamó la atención corresponde a la entrega de tierras con título de propiedad. De los 1,5 millones de hectáreas que se habían fijado como meta, solo fueron entregadas 99.477, lo que representa un avance del 6,6 %.
En otras palabras, quedaron pendientes más de 1,4 millones de hectáreas frente al objetivo establecido.
El balance tampoco fue favorable en formalización. La ANT informó que, de una meta de 3,9 millones de hectáreas, la administración anterior formalizó 1.603.166 hectáreas, alcanzando el 41,1 % de lo previsto.
Para Garrido, estos resultados evidencian una brecha entre los objetivos planteados y lo que efectivamente llegó al territorio.
Una millonaria ejecución bajo revisión
Los cuestionamientos de la nueva directora no se limitaron a las hectáreas entregadas.
Durante su intervención ante el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura (CONSA), Garrido puso también el foco en los recursos utilizados por la ANT. Aseguró que durante el periodo anterior se destinaron $7 billones a compra de tierras y contratación de servicios, de los cuales $5,1 billones correspondieron a adquisición de predios.
Según la funcionaria, solamente en 2024 se gastaron $3,1 billones, cifra que representó el 61 % del presupuesto que tuvo la entidad durante ese periodo.
Garrido también cuestionó la destinación de recursos para la adquisición de tierras dirigidas a comunidades indígenas. Afirmó que se destinó alrededor de $1 billón a ese propósito y sostuvo que una parte importante de esos recursos no habría llegado efectivamente a la población beneficiaria.
Estos señalamientos hacen parte del diagnóstico presentado por la nueva administración y deberán ser contrastados con los resultados de las revisiones y auditorías anunciadas por la entidad.
Casi 40.000 contratos en cuatro años
Otro de los aspectos que la directora llevó al debate fue el crecimiento de la contratación de prestación de servicios.
De acuerdo con las cifras expuestas por Garrido, durante los cuatro años de la anterior administración se suscribieron cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios, con un costo aproximado de $1,6 billones.
La directora también comparó el número de contratistas de la entidad en los últimos años: al cierre del gobierno de Iván Duque había alrededor de 1.400; durante 2025, la cifra llegó a 11.643 y, hasta agosto de 2026, se registraban unos 9.400.
El dato abre otro frente dentro del proceso de revisión que pretende adelantar la nueva administración.
Revisarán posibles irregularidades
Garrido anunció además una auditoría forense para revisar procesos en los que, según sus declaraciones, podrían haberse presentado conductas como celebración indebida de contratos, peculado en favor de terceros y prevaricato relacionado con adjudicaciones.
La funcionaria dijo que serán revisados caso por caso los procedimientos relacionados con entregas provisionales y adquisición de predios a particulares.
"Es la primera tarea en la que estamos nosotros enfocados", afirmó al referirse a la necesidad de determinar qué ocurrió y atender las consecuencias que, según su diagnóstico, dejaron esos procesos.
Los señalamientos corresponden a la actual directora de la ANT y no implican por sí mismos que exista responsabilidad penal o disciplinaria establecida contra personas determinadas. La eventual existencia de delitos deberá ser establecida por las autoridades competentes.
El reto: ordenar la casa y acelerar la política de tierras
Más allá del balance recibido, Garrido presentó las prioridades con las que pretende conducir la ANT.
La estrategia estará enfocada en cuatro frentes: facilitar el acceso a la tierra para actividades productivas, fortalecer la seguridad jurídica de los predios, garantizar que la propiedad cumpla su función social y administrar los terrenos rurales que pertenecen a la Nación.
Uno de los retos identificados son 200 planes de ordenamiento social de la propiedad rural que, según la directora, quedaron formulados pero sin los recursos ni la atención necesarios para avanzar.
La funcionaria aseguró que la política de ordenamiento social de la propiedad rural presenta actualmente un avance inferior al 15 % frente a la proyección establecida hacia 2030.
La nueva hoja de ruta contempla desde la identificación de fuentes de tierra y la depuración de predios hasta la asignación de derechos, entrega, titulación y registro.
El desafío para la nueva administración será doble: acelerar la llegada de tierras formalizadas a quienes las necesitan y, al mismo tiempo, establecer qué ocurrió con los recursos y procesos que ahora están bajo revisión.
El diagnóstico fue presentado en Mosquera, Cundinamarca, durante el CONSA, con participación del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, funcionarios del sector y secretarios de agricultura de 24 departamentos.
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