Los militares que estaban procesados por homicidio agravado de tres sindicalistas, fueron puestos en libertad por petición de la Procuraduría.
La Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y DIH precluyó la investigación contra los oficiales teniente coronel Luís Francisco Medina Corredor, mayor Hernando Alberto Bravo Zambrano y mayor Luís Eduardo Castillo Arbeláez, y revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva para otorgarles el beneficio de la libertad provisional.
La investigación tiene que ver con los hechos ocurridos en la madrugada del 5 de agosto de 2004 en desarrollo de la denominada “orden de operaciones No. 030 Tormenta I”, en la que personal adscrito al pelotón Brioso 4 del grupo mecanizado Reveiz Pizarro del Ejército Nacional, con sede en Arauca, irrumpieron en una vivienda en el sector Caño Seco y procedieron a ejecutar de manera aleve a los señores Jorge Eduardo Prieto Chamucero, Leonel Goyeneche y Héctor Alirio Martínez, dirigentes sindicales en este departamento, señala el reporte oficial.
En concepto del Ministerio Público, la prueba recaudada no permite endilgar la responsabilidad de los implicados en calidad de codeterminadores del crimen, por cuanto se pudo establecer que los mencionados oficiales no planearon la operación con el objeto de dar muerte a los sindicalistas sino como una acción de registro y control.
Por estos mismos hechos en octubre del año anterior, la Procuraduría General de la Nación mediante fallo de segunda instancia, confirmó la destitución e inhabilidad por 20 años a cuatro miembros del Ejército Nacional por la muerte en estado de indefensión de los sindicalistas.
Los uniformados sancionados fueron el subteniente Juan Pablo Ordóñez Cañón y los soldados profesionales Jhon Alejandro Hernández Suárez, Oscar Saúl Cuta Hernández y Walter Loaiza Culma.