La Fundación para el Estado de Derecho (FeDe. Colombia) radicó ante la Corte Constitucional una demanda que busca tumbar el memorando de entendimiento firmado el 24 de septiembre de 2025 entre los departamentos de Vichada y Guainía y el estado Amazonas de Venezuela, al considerar que incorpora compromisos de carácter internacional sin cumplir los procedimientos previstos por la Constitución colombiana.
El documento, suscrito en Puerto Carreño, estableció comisiones binacionales permanentes, fijó una vigencia indefinida y abrió una agenda de cooperación en siete áreas —cultura, educación, salud, comercio, turismo, deporte y temas adicionales—, elementos que, según la organización demandante, poseen naturaleza material de tratado internacional, lo que excedería las competencias de los gobernadores.
En su contenido, el memorando define un marco integral de cooperación. La cláusula primera plantea el alcance general del acuerdo; la cláusula segunda desarrolla áreas específicas como intercambio pedagógico, campañas de vacunación, formación de personal sanitario, impulso al comercio fronterizo y rutas turísticas conjuntas.
La cláusula tercera crea mecanismos de implementación mediante puntos focales, reuniones periódicas y comisiones técnicas. La cuarta ordena coordinar con autoridades nacionales y locales; la quinta regula aspectos financieros y permite recibir apoyo de organismos internacionales. La sexta fija vigencia indefinida. Y la séptima aclara que el documento "no constituye un tratado ni genera obligaciones jurídicas internacionales".
Pese a ello, FeDe. Colombia sostiene que la denominación no cambia su esencia: es un acuerdo binacional con compromisos duraderos que requiere aprobación del Congreso y revisión previa de la Corte, como exige la Constitución.
La acción, presentada por el abogado Andrés Caro Borrero, señala que los gobernadores carecen de competencia para suscribir instrumentos que configuren compromisos internacionales. El recurso advierte que el documento regula sectores estratégicos, crea estructuras bilaterales permanentes y establece compromisos a largo plazo sin autorización del Ejecutivo ni control judicial.
Según la Fundación, este tipo de actuaciones vulnera la unidad de la política exterior, un ámbito reservado estrictamente al Presidente de la República y al Gobierno Nacional.
La organización alertó cuatro riesgos graves:
La demanda incluye el texto completo del memorando y notas de prensa que dan fe de su firma, subrayando que el documento no ha sido publicado oficialmente.
FeDe. Colombia solicitó al alto tribunal determinar si el acuerdo desconoce el régimen constitucional de celebración de tratados y vulnera la dirección unificada de la política exterior.
"La Amazonía no debe ser espacio de acuerdos sin sujeción constitucional", concluye la petición, que busca declarar inexequible el memorando firmado por las autoridades regionales colombianas y venezolanas.