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En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación, aplicó la muerte política al ex alcalde de San Carlos de Guaroa, Libardo Badillo Conde.
El Ministerio Público lo investigó por comprometer recursos del municipio, adquirir compromisos y no realizar la reserva presupuestal para garantizar el pago.
La Procuraduría Regional, consideró falta gravísima, la adquisición de materiales a ferreterías de Villavicencio por parte de Badillo Conde en diciembre de 2003, compras que no fueron pagadas por carecer de la reserva.
Fue destituido e inhabilitado por diez años, y no procede recurso alguno.