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  • Última actualización 2024-03-27 23:33:12

Por nueva ley, exgobernador de Arauca podría quedar en libertad

A dos semanas para que entre en vigencia la Ley 1760, que ordena la excarcelación de presos que lleven hasta dos años sin fallo en sus procesos, la defensa del exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, solicitó su libertad.

Según el abogado el exmandatario ya completó más de dos años preso, sin que se adelante el proceso judicial en su contra.

Acosta fue llamado a juicio por, supuestamente, haber ordenado el homicidio del registrador Juan Alejandro Plazas y aliarse con paramilitares del bloque ‘Vencedores de Arauca'.

La decisión tomada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se da por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

Acosta Bernal ya había sido condenado a 28 años de prisión por este crimen en 2013 por el Juzgado 5 Penal Especializado de Medellín, pero el proceso fue anulado parcialmente por la Corte Suprema de Justicia en abril de 2016 ya que, dado su fuero como gobernador, debió ser juzgado por dicha Corte y no por un juzgado.

Este es el único proceso con medida de aseguramiento pendiente para el exmandatario, pues la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ordenó hace unos días la libertad en un proceso que le seguían por corrupción.

La excarcelación se da en el proceso en el que la Fiscalía lo acusó por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de los requisitos legales.

Se trata de un contrato celebrado el 25 de abril de 2006 por 3807 millones de pesos para la construcción del Parque los Libertadores, en Tame (Arauca), comprometiendo irregularmente recursos de regalías y adjudicado sin la preexistencia de planos arquitectónicos, diseños y sin un plan de manejo ambiental.

De acuerdo con la investigación, en el mencionado contrato se vulneraron los principios de planeación y economía. 

Así las cosas, sin más requerimientos judiciales, Acosta Bernal podría quedar libre el próximo 1 de julio, al igual que otros 12 mil presos a quienes no les han resuelto la situación jurídica.

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