La denuncia fue enviada a las instancias internacionales: Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, la OEA y a los entes judiciales de Colombia: Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos.
Las organizaciones se pronuncian por las detenciones que se han realizado en Arauca, así mismo por la publicación que hizo la Policía de personas buscadas internacionalmente por la Interpol.
Los casos que denuncian son los arrestos del ganadero Rodrigo Carrillo Payares junto a 14 personas, el día 19 de octubre del año 2009; los dirigentes indígenas, Ismael Uncasia Uncasia, Verónica Solís Fuentes, funcionaria de asuntos indígenas, Álvaro Leal Toloza, etno-educador, y la del comerciante Domingo Arévalo.
Hace parte del pronunciamiento de las Organizaciones Sociales de Arauca la lista de buscados por la interpol, donde incluyen al dirigente sindical Samuel Morales Flórez, expresidente de la Central Unitaria de Trabadores (CUT), subdirectiva Arauca y en la actualidad Primer Vicepresidente de este organismo sindical; Víctor Julio Laguado Bohada, dirigente campesino y miembro de la Cooperativa Agropecuaria del Sarare (COAGROSARARE); Ariela Gelvis Quintero, dirigente comunal y expresidenta de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (ECAAAS–ESP); Fredy Ramírez Bocotá, indígena del pueblo U’wa y miembro de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de Arauca (ASCATIDAR).
Dicen las organizaciones sociales que estos hechos “manifiesta el más alto nivel de degradación del conflicto en Colombia, donde a quien se atropella es a la población civil; quienes no sólo tiene que soportar la agresión por los grupos armados en conflicto, sino también al Estado con sus organismos judiciales”.
Uno de los casos que exponen las Organizaciones sociales de Arauca, como persecución y criminalización de la lucha sindical es la del dirigente Samuel Morales Flórez Directivo de la CUT en Arauca.
Morales Flórez fue testigo de los hechos donde murieron los sindicalistas Jorge Eduardo Prieto Chamucero, Presidente de Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas - ANTHOC Arauca, Leonel Goyeneche Goyeneche, tesorero de la CUT-Arauca y el dirigente campesino Héctor Alirio Martínez.
Por estos asesinatos fueron condenados a 40 años de prisión al subteniente Juan Pablo Ordóñez y los soldados profesionales Jhon Hernández, Wálter Loaiza y Óscar Cuta Hernández, del Grupo Mecanizado No. 18 Revéiz Pizarro. El civil Daniel Caballero, que hizo de informante y guía de los militares en la controvertida operación, recibió la misma condena.
Los sindicalistas fueron asesinados en la vereda Caño Seco de Saravena el 5 de agosto de 2004.