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Los Gobiernos nacional
y departamental prometieron unir esfuerzos para solucionar la crisis
que en materia educativa afronta esta zona del país, debido al déficit
de plazas docentes, mal estado de la planta física de colegios y
escuelas, y falta de transporte escolar.
En medio de la protesta generalizada de estudiantes y
padres de familia, que realizaron marchas en todos los municipios, el
ministerio de Educación y la administración seccional anunciaron la
firma de un convenio para el nombramiento de maestros que llenarán las
vacantes en algunos colegios y garantizar la reapertura de un centenar
de escuelas del área rural que no tienen profesores.
Sin
contar los estudiantes de preescolar que no son tenidos en cuenta por
la cartera ministerial, la comunidad educativa de los siete municipios
de Arauca dijo que son alrededor de 4.500 niños que están sin clase
desde hace año y medio, para lo cual se requiere el nombramiento de 155
maestros.
“Vamos
a ponernos de acuerdo con el gobernador para agilizar la firma de los
convenios, de tal manera que la semana entrante tengamos claro cuántos
maestros requiere la zona rural. Por ahora se desplazará una comisión
desde Bogotá para hacer la evaluación sobre el terreno”, sostuvo la
ministra Cecilia María Vélez Withe.
El
gremio del magisterio rechazó el anuncio de la funcionaria en el
sentido de contratar los maestros a través de cooperativas e insistió
en la necesidad de ampliar la plata docente. “Vino fue a implantar la
privatización que es lo más nefasto que le puede suceder a la
educación, como le ha ocurrido a otras regiones”, dijo Francisco
Torres, directivo de la Asociación de Educadores del Arauca (Asedar).
Agregó
que la ministra no resolvió el problema de los 80 maestros que salieron
por amenazas y se encuentran laborando en otras regiones del país con
cargo al departamentote Arauca. “Fue muy folclórica respecto a normas
en contra de los docentes y estudiantes, pero cuando se trata de
resolverle un problema a Arauca obligando a otras regiones a liberar
plazas, no se compromete, pues hizo oídos sordos y por eso la comunidad
sigue elevando su voz de protesta”.
Respecto
al transporte escolar fue el gobernador Julio Acosta Bernal, quien
aportó la solución al anunciar la adquisición de diez buses para
distribuirlos de acuerdo a la necesidad de cada municipio. Mientras se
realiza este proceso se hará gestión con el ministerio de Transporte
para que permita utilizar el parque automotor viejo. “Vamos a hablar
con el ministro Uriel Gallego para ver cómo flexibilizamos las
disposiciones, pero ajustándolas a la seguridad de los niños”,
manifestó el mandatario seccional.
En
cuanto a la universidad Nacional se anunció un encuentro con las
directivas del Alma Mater y la realización de una mesa de trabajo para
analizar la continuidad de la sede en esta zona de frontera, teniendo
en cuenta las propuestas de un gran número de estudiantes a quienes se
les ha negado el ingreso con el pretexto de acabar con los programas
académicos.
“Es
lamentable que no haya resuelto nada, pues es una funcionaria muy
gaseosa y arrogante. No resolvió ningún problema. Tampoco se
comprometió con la universidad, pero si a impulsar un centro
comunitario de dudosa calidad de propiedad de la Occidental y que de
ninguna manera reemplazará la excelencia de la Nacional”, dijo un
directivo de Asedar.