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- Última actualización 04:32 PM
Arauca
Violencia en Arauca y Vichada enciende alerta de la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo rechazó la escalada de violencia registrada entre el 14 y el 17 de julio en varios departamentos del país, entre ellos Arauca y Vichada, donde ataques con explosivos, hostigamientos y confrontaciones armadas dejaron víctimas mortales, personas heridas, desplazamientos y afectaciones a la población civil.
En el caso de Arauca, la entidad recordó el atentado con explosivos atribuido al ELN contra la subestación de Policía de Betoyes, en el municipio de Tame, ocurrido el 16 de julio. El ataque dejó dos policías y una mujer civil fallecidos, además de nueve uniformados heridos.
La Defensoría advirtió que la acción armada ocurrió cerca del CEIN Internado Betoy, donde permanecen al menos 80 niñas y niños indígenas, así como del Centro Educativo Inocencio Chincá, exponiendo a estudiantes, docentes y comunidades vecinas a los efectos de las hostilidades.
En Vichada, la entidad denunció que un ataque armado perpetrado durante la madrugada del 16 de julio contra el Resguardo Indígena Saracure Río Cada, en jurisdicción de Cumaribo, dejó tres jóvenes indígenas asesinados y una mujer de 45 años herida. El hecho también provocó el desplazamiento de varias familias y el incendio de algunas viviendas.
La Defensoría recordó que la Alerta Temprana 017 de 2024 ya había advertido sobre el alto riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por la presencia y accionar de grupos armados ilegales en esa zona, entre ellos la Segunda Marquetalia, el ELN, las disidencias de alias "Iván Mordisco" y el Clan del Golfo.
Ante la gravedad de los hechos, la entidad hizo un llamado a las autoridades para reforzar la protección de las comunidades.
"Hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer las medidas de prevención y protección, garantizar la atención integral a las comunidades afectadas y mantener una presencia institucional coordinada que contribuya a salvaguardar los derechos de la población civil", señaló la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, reiteró su exigencia a todos los grupos armados para que respeten las normas del derecho internacional humanitario.
"Exigimos nuevamente a todos los grupos armados recordar que tienen la obligación inderogable de atender las normas del derecho internacional humanitario, respetar a la población civil, especialmente a los menores de edad, así como los bienes de carácter civil", enfatizó la entidad.
La Defensoría concluyó que estos hechos constituyen graves infracciones al derecho internacional humanitario y son condenables tanto por la legislación penal colombiana como por el derecho internacional.
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