La semana pasada, el Consejo de Estado rechazó una solicitud de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que se pedía reconsiderar la orden de estudiar la situación de seguridad de los involucrados en el caso de los niños asesinados en Tame (Arauca) en 2010. El problema fue, principalmente, con el tono del documento enviado por la UNP: en palabras del alto tribunal, fue “irrespetuoso”.
Luego de leer en el recurso de reposición enviado por la UNP expresiones como “esta decisión que ataco es una mala amalgama entre un pronunciamiento de la justicia corriente y ordinaria” o “no creo que se puedan utilizar los procedimientos ordinarios para que los jueces tradicionales (…) comiencen a dar órdenes en todas las direcciones”, el Consejo de Estado pidió que Procuraduría y Judicatura indagaran si había lugar a alguna investigación.
La génesis de esta situación es la decisión de la justicia administrativa de trasladar a Bogotá, por razones de seguridad, la demanda que don Álvaro Torres, padre de tres niños asesinados por el teniente (r) Raúl Muñoz en 2010, interpuso contra el Estado. Al recibir el proceso, el Consejo de Estado le ordenó al Ministerio del Interior determinar si quienes hacen parte del proceso necesitaban seguridad.
La UNP, que pertenece a ese ministerio, respondió con el recurso de reposición que el alto tribunal descartó “por irrespetuoso”. Según el Consejo de Estado, la UNP buscaba “eludir una de las obligaciones legales que han justificado su creación”. El director de la Unidad, Andrés Villamizar Pachón, respondió a este fuerte –y poco común– pronunciamiento del Consejo de Estado.
“El señor Álvaro Torres cuenta con medidas de protección desde el año 2010, las cuales fueron implementadas por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien tenía a su cargo el Programa de Protección, medidas que se han seguido otorgando por parte de esta Unidad”, inició diciendo Andrés Villamizar Pachón, director de la UNP.
Sobre el quién redactó de esa manera el documento, Villamizar explicó: “Quien el redactó el recurso de reposición fue el Jefe de la oficina Jurídica de la Unidad Nacional de Protección, quien tiene la representación judicial en los procesos de la entidad y presenta directamente este tipo de recursos ante la autoridad competente”.
Y añadió: “Inmediatamente solicité una audiencia con los consejeros de Estado para expresar que los términos del recurso no son compartidos por la Dirección de la UNP y manifestar la disposición de acatar el fallo.
Vía: El Espectador.