Arauca

Aún reina la impunidad en crímenes contra periodistas de Arauca.

• 2014-02-13 20:35:07
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Tomó 24 horas arrestar a los hombres armados que asesinaron a Henry Rojas Monje, un periodista que vivía en Arauca. Pero para la familia de Rojas, la búsqueda de justicia llevó dos décadas enteras y terminó en frustración.

Corresponsal de El Tiempo, el principal diario nacional de Colombia, Rojas solía enfocarse en casos de corrupción gubernamental y vinculaciones entre los políticos de Arauca y los grupos rebeldes marxistas. El 28 de diciembre de 1991, Rojas recibió múltiples disparos mientras estaba en su automóvil. Murió desangrado en el regazo de su hijo de seis años, Henry, quien ocupaba el asiento del acompañante.

Al día siguiente, la policía arrestó a dos soldados, que confesaron y fueron condenados. Pero el hombre acusado de ordenar el asesinato de Rojas, José Gregorio González, exalcalde de la ciudad de Arauca quien había sido señalado en algunos de los artículos periodísticos del reportero, fue finalmente exonerado y liberado de prisión. En 2011, luego de que venciera el plazo de prescripción de acciones penales de 20 años en casos de asesinatos, aún seguía sin saberse claramente quién había planeado el crimen.

"Nos entristeció mucho cuando el caso se cerró", Henry Rojas, hijo del periodista, y ahora abogado en Arauca, confesó al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). "La lentitud del sistema legal genera impunidad".

El complejo entramado legal del caso Rojas no resulta ser una excepción: la vasta mayoría de crímenes de periodistas en Colombia ha quedado sin solución y sin castigo. Es verdad, la situación de seguridad general en Colombia en la última década ha mejorado, lo que condujo a una correspondiente reducción en el número de periodistas asesinados. Pero estas mejoras han superado los logros de los fiscales en cerrar casos y no constituyen tranquilidad alguna para las familias de muchas víctimas de crímenes pasados, en especial a medida que hay más cantidad de casos que prescriben después del plazo de 20 años.

En ocasiones, los asesinos son detenidos y condenados, pero los autores intelectuales de crímenes contra periodistas casi siempre quedan libres, según revela la investigación del CPJ. Problemas tales como fiscales recargados de tarea, falta de información compartida, mal manejo de la evidencia y actividades ilícitas por parte de los funcionarios judiciales pueden demorar por años las investigaciones penales. Esto favorece a los responsables porque mientras transcurre el tiempo, los recuerdos se desvanecen, la evidencia se deteriora y obtener condenas es más difícil.

Tal nivel de amenazas y coerción son moneda corriente en los departamentos alejados del país, en donde las autoridades regionales rara vez resuelven crímenes contra periodistas, según afirmó Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP. Para superar dichos obstáculos, la mayoría de los casos desde el 2000 se trasladó a unidades especiales dentro de la Fiscalía General en Bogotá. Pero cambios en la jurisdicción, como así también la introducción de un nuevo código penal en 2008, abrieron las puertas a demoras aún mayores en los procedimientos, confusión y corrupción.

Un triste ejemplo es el caso de Henry Rojas, que fue transferido a las autoridades judiciales de Bogotá. Parte del proceso legal involucró la búsqueda de la familia de un resarcimiento por parte del estado. Aunque finalmente tuvo éxito, el esfuerzo se convirtió en una pesadilla que duró 16 años porque funcionarios judiciales de Bogotá, de alguna manera, "perdieron" el expediente del caso, un enorme conjunto de documentación de tres pies de altura y más de 100 libras de peso.

"Los expedientes de un caso no se levantan y se van por la puerta solos", indicó al CPJ el fiscal Alejandro Ramelli, de la Fiscalía General en Bogotá y experto en crímenes contra reporteros. Ramelli atribuyó a dos factores la impunidad generalizada: los problemas estructurales dentro del sistema judicial y el énfasis de los fiscales en el último eslabón de la cadena --aquellos directamente responsables de asesinar a periodistas-- más que en las organizaciones criminales y los políticos corruptos que a menudo son quienes ordenan los crímenes.

Todos estos actores han estado activos en Arauca, donde seis periodistas fueron asesinados desde 1991, según reveló la FLIP. Pero al margen de los culpables, el sistema legal colombiano ha fracasado hasta el momento en condenar a los autores intelectuales que ordenaron estos crímenes. Algunos de los asesinatos tal vez no estén vinculados con la tarea periodística de las víctimas, pero la incapacidad para resolver los crímenes promueve un clima de hostilidad e intimidación para los reporteros de Arauca.

El caso de Danilo Alfonso Baquero, reportero de la ahora extinta radio Emisora Bolivariana de Tame, es un ejemplo ilustrativo. El 26 de diciembre de 1993, fue asesinado a balazos por hombres sospechosos de pertenecer al grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Además del asesinato de Baquero, el ELN también se atribuyó la responsabilidad por el crimen en 1995 de Iván Dario Pelayo, reportero radial en la ciudad de Puerto Rondón, y por el asesinato en 1996 de Alfredo Matiz. Abogado, político y fundador en 1965 de la primera emisora de radio de Arauca, La Voz del Cinaruco, Matiz solía usar la emisora para denunciar la violencia rebelde, según relató su hijo, Alfredo Matiz Brando.

Familiares de las víctimas nunca pudieron confirmar porqué el ELN sentenció a Baquero, Pelayo y Matiz a muerte, ni tampoco han podido dar testimonio en un juicio. Arauca sigue siendo un bastión del ELN y las autoridades no han podido o no han querido detener a los guerrilleros que asesinaron a los tres hombres o a los comandantes rebeldes que presuntamente ordenaron las ejecuciones. El plazo de prescripción de 20 años en el caso Baquero venció en diciembre de 2013, en tanto prescribirá en 2015 para el caso Pelayo y en 2016 para el caso Matiz. "La justicia ahora está en manos de Dios", aseguró la hermana del periodista asesinado, Claudia Baquero.

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