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- Última actualización 06:58 PM
Arauca
Comunidad indígena Makaguán recibió atención integral en zona rural de Tame.
Más de un centenar de servicios médicos, psicológicos y de orientación fueron brindados en el resguardo La Esperanza, donde sus habitantes continúan enfrentando las consecuencias del conflicto armado y el abandono estatal.
La comunidad indígena Makaguán del resguardo La Esperanza, ubicada en zona rural del municipio de Tame, recibió una jornada de atención integral que acercó servicios de salud, orientación jurídica y acompañamiento institucional a una población que durante años ha enfrentado las consecuencias del conflicto armado y las dificultades para acceder a la oferta del Estado.
La actividad fue liderada por la Defensoría del Pueblo en coordinación con la Personería de Tame, Sikuaso IPS, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Durante la jornada se realizaron 32 consultas de medicina general, 26 atenciones psicológicas individuales, 23 procedimientos y exámenes médicos, 15 atenciones en primeros auxilios, 15 valoraciones nutricionales y 13 consultas odontológicas, beneficiando a niños, jóvenes, adultos y personas mayores de la comunidad.
Además de la atención en salud, 36 familias en situación de movilidad humana recibieron orientación sobre el acceso a sus derechos, la oferta institucional y los mecanismos de protección disponibles. Asimismo, funcionarios de la Defensoría acompañaron la recepción de cinco declaraciones de víctimas del conflicto armado, trámite que permitirá avanzar en el reconocimiento de sus derechos y en el acceso a las medidas de atención y reparación contempladas por la Ley de Víctimas.
Un pueblo protegido por decisiones de la Corte Constitucional.
La situación del pueblo Makaguán ha sido objeto de seguimiento por parte de la Corte Constitucional desde hace más de una década. En el Auto 382 de 2010, el alto tribunal advirtió que esta comunidad, junto con el pueblo Hitnü, enfrenta un grave riesgo de desaparición física y cultural debido a las condiciones de violencia, desplazamiento, hacinamiento e insalubridad presentes en la región.
Posteriormente, mediante la Sentencia T-091 de 2013, la Corte ordenó al Estado implementar procesos de reubicación seguros y concertados para las comunidades Makaguán, Hitnü y Sikuani, además de diseñar planes específicos que respondieran a sus condiciones de vida y necesidades culturales.
Aunque la jornada permitió acercar servicios esenciales a la comunidad, las entidades participantes señalaron que persisten importantes desafíos relacionados con el acceso a la salud, la protección de los derechos humanos y la atención a las afectaciones que durante años ha dejado el conflicto armado en este territorio del departamento de Arauca.
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