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Orinoquia
Drones, explosivos y confinamiento: La guerra cambia en la Orinoquia
Arauca, Casanare, Meta y Vichada enfrentan diferentes expresiones de la violencia armada, mientras los grupos ilegales incorporan tecnología para vigilar, atacar y controlar territorios. El resultado también lo sienten las comunidades, con restricciones a la movilidad y desplazamientos.
La guerra en la Orinoquia está incorporando nuevas herramientas. Los drones ya no son solamente equipos de vigilancia: las autoridades han documentado su utilización o preparación para emplearlos en acciones contra la Fuerza Pública y la infraestructura, mientras los grupos armados mantienen la presión sobre territorios rurales de Arauca, Casanare, Meta y Vichada.
El caso más reciente que vuelve a poner la mirada sobre esta dinámica ocurrió en Puerto Rondón, Arauca, donde tropas del Ejército destruyeron de manera controlada un área minada ubicada cerca de un camino veredal utilizado por campesinos y niños.
El hallazgo muestra que, aunque la tecnología de los drones ha ganado protagonismo, los artefactos explosivos y las minas continúan siendo una amenaza cotidiana para quienes viven y trabajan en las zonas rurales.
Arauca: drones para vigilar y atacar
En Arauca, la Fuerza Pública también está utilizando drones como herramienta para anticiparse a las acciones de los grupos armados.
La Octava División del Ejército desplegó recientemente operaciones de reconocimiento y vigilancia aérea en sectores de Betoyes, Tame, con el propósito de identificar movimientos de estructuras ilegales y prevenir posibles ataques.
Pero la tecnología también ha sido incorporada por los grupos armados.
En marzo, tropas del Ejército incautaron en Puerto Carreño, Vichada, un dron de alta tecnología que, según las autoridades, habría sido utilizado para labores de inteligencia del ELN y podría ser acondicionado para lanzar explosivos contra unidades militares y de Policía.
En febrero, además, el Ejército informó que mediante un dron logró detectar y frustrar una acción contra el oleoducto Bicentenario, en Fortul, Arauca.
Una red que alcanzaba a Arauca y Casanare
La preocupación por esta modalidad no se limita a los hechos ocurridos en territorio araucano.
En mayo, la Policía Nacional anunció la desarticulación de una red dedicada al suministro de drones, explosivos y tecnología de guerra a las disidencias de las Farc.
La operación dejó cinco capturados y se desarrolló, entre otros lugares, en Villavicencio, Meta. Según la investigación citada por la Policía, la red tendría injerencia en Arauca y Casanare, además de otros departamentos, y estaría vinculada con el suministro y modificación de aeronaves no tripuladas para realizar ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.
Durante el operativo fueron incautados tres drones, controles remotos, repuestos, equipos de comunicación y otros elementos tecnológicos.
El dato es relevante para la Orinoquia porque muestra que la amenaza no depende únicamente de que un ataque ocurra dentro de un departamento: existe también una cadena de suministro, modificación y preparación de estos equipos.
Meta: explosivos y presión sobre las tropas
En Meta, entretanto, la confrontación mantiene otros métodos de ataque.
El 21 de septiembre, tres soldados murieron y seis resultaron heridos en dos ataques con explosivos contra tropas del Ejército en zonas rurales de La Macarena y Vistahermosa.
De acuerdo con las primeras verificaciones del Ejército, la responsabilidad de uno de los ataques fue atribuida preliminarmente a la Estructura Ever Castro, del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de las disidencias de alias Calarcá.
El caso demuestra que la incorporación de nuevas tecnologías no ha reemplazado los métodos tradicionales de la confrontación. Explosivos, minas, hostigamientos y ataques contra instalaciones y tropas continúan formando parte del repertorio utilizado por los grupos armados.
El impacto que no siempre aparece en el parte militar
Para las comunidades rurales, las consecuencias van mucho más allá de los uniformados muertos o heridos.
La Defensoría del Pueblo reportó que entre enero y julio de 2026 hubo 458 personas afectadas por dinámicas de confinamiento en Arauca, todas en el municipio de Tame. En Meta también fueron registradas 276 personas afectadas por confinamiento durante el mismo periodo.
El confinamiento supone restricciones para movilizarse y puede afectar el acceso a educación, salud, alimentos, trabajo y otros servicios.
La dimensión del problema quedó expuesta en julio, cuando la Defensoría reportó ataques, enfrentamientos y otras acciones violentas en Arauca y Vichada. En Betoyes, Tame, un ataque contra la subestación de Policía dejó dos uniformados y una mujer civil muertos, además de nueve policías heridos. En Vichada, un ataque contra el Resguardo Indígena Saracure Río Cada, en Cumaribo, dejó tres jóvenes indígenas asesinados, una mujer herida y varias familias desplazadas.
Una amenaza que ya tiene dimensión nacional
El uso de drones con explosivos tampoco es un fenómeno exclusivo de la Orinoquia.
Un balance de las Fuerzas Militares citado en septiembre contabilizó 418 ataques con drones contra la Fuerza Pública entre enero y septiembre de 2026, con 25 uniformados muertos y más de 340 heridos. La mayor concentración se registraba en Cauca, seguido por Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Antioquia.
Por eso, el escenario regional requiere una lectura más amplia: en la Orinoquia conviven el uso creciente de tecnología para vigilancia y ataques, la instalación de explosivos, los enfrentamientos entre estructuras armadas y las medidas de control territorial de la Fuerza Pública.
Y en medio quedan las comunidades.
Para un campesino que necesita atravesar un camino veredal, para un niño que debe llegar a una escuela rural o para una familia que depende de desplazarse hasta el casco urbano, una mina, un ataque con explosivos o la presencia de un dron pueden significar lo mismo: dejar de transitar, suspender actividades y permanecer en casa por miedo.
La nueva tecnología cambia la forma de la confrontación, pero sus consecuencias siguen siendo conocidas para la población rural: miedo, restricciones, desplazamiento y confinamiento.
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