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Arauca
ELN liberó a los dos funcionarios del CTI secuestrados en Arauca
El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este jueves 12 de noviembre la entrega de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes permanecían secuestrados desde mayo de 2025 en Arauca.
En un comunicado fechado este jueves, el grupo armado aseguró que ambos fueron entregados a sus familiares, en presencia de una comisión humanitaria y de medios de comunicación. “Hoy 12 de noviembre de 2026 son entregados a sus familiares los funcionarios en mención”, señala el documento divulgado por esa organización.
En otra declaración difundida junto con el anuncio, un vocero del ELN afirmó: “Hoy se hace la entrega de los dos funcionarios de la Fiscalía y se va a hacer ante la delegación presente; se le entregará a sus familias y salen a su libertad”.
El grupo armado atribuyó la decisión a una supuesta rebaja de las penas que había impuesto mediante lo que denomina su “justicia revolucionaria”. Según el comunicado, los dos funcionarios habrían recibido ese beneficio por su comportamiento durante el cautiverio. También señaló que tuvo en cuenta la delicada condición de salud de Jesús Antonio Pacheco Oviedo, quien, de acuerdo con esa versión, requiere atención médica especializada.
La información difundida por el ELN representa un cambio en la situación de los dos investigadores, cuya liberación era reclamada por sus familias y distintas instituciones. Sin embargo, al cierre de esta información no se conocía un pronunciamiento público de la Fiscalía o de las autoridades que permitiera corroborar de manera independiente las condiciones de la entrega y el estado de salud de los funcionarios.
Más de 18 meses en cautiverio
Pacheco Oviedo y López Estrada fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025, cuando adelantaban labores propias de su función en jurisdicción de Fortul, Arauca. Desde entonces permanecieron en poder del ELN, según los antecedentes documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En mayo de 2026, el Frente de Guerra Oriental divulgó un supuesto “juicio revolucionario” en el que afirmó haber impuesto penas de prisión a los dos investigadores. Esa actuación no tiene reconocimiento ni validez dentro del ordenamiento jurídico colombiano: ningún grupo armado tiene facultades para juzgar a ciudadanos ni para imponerles condenas.
La situación llegó también al sistema interamericano. En agosto de 2026, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los dos funcionarios, al considerar que se encontraban en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable. La Comisión solicitó al Estado colombiano adoptar medidas para proteger sus vidas e integridad, verificar su estado de salud y redoblar los esfuerzos para lograr su liberación.
En los meses siguientes, sus familias mantuvieron los llamados públicos para que regresaran a casa. En octubre, durante una visita a Arauca, el presidente Abelardo de la Espriella se reunió con sus familiares y anunció instrucciones para intensificar las acciones encaminadas a lograr la liberación de personas secuestradas en el departamento.
Ahora, con el anuncio de entrega hecho por el ELN, la atención se centra en la valoración médica de los funcionarios y su reencuentro con sus familias después de más de un año y medio de cautiverio.
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