Plantados se quedaron los representantes de los gobiernos nacional y departamental, quienes esperaban a los voceros de las organizaciones cívicas y sociales para negociar, pues éstas últimas decidieron no asistir a la reunión.
Carlos Eduardo Bernal Medina, del Ministerio del Interior, se declaró extrañado ante las razones de los manifestantes para no asistir a la reunión que había sido programada con antelación.
“Tomaron una razón de orden nacional para no asistir, cuando habíamos acordado que los temas nacionales se discutían en mesas nacionales y los regionales en los regionales. Ya con esta postura el Gobierno Nacional entrará a analizar el paso a seguir, pero creo que las organizaciones sociales se equivocaron porque lo que se pensaba construir era una metodología y ellos lo sabían. Naturalmente les faltó seriedad”, dijo Bernal.
Por su parte, el secretario de gobierno departamental, Carlos Alirio Reina, expresó que desde el 20 de agosto estaban en diálogos con los manifestantes y que ante los compromisos surgidos hacia el ente departamental se habían cumplido, pero que solo una persona los recibió con la mala noticia.
“Hay que decirlo, solo el diputado Ferney Tique asistió a la reunión, como garante del proceso, y nos dijo que las organizaciones sociales no irían por las razones mencionadas en el comunicado que mandaron, que por falta de garantías en su derecho a la protesta que nosotros les hemos cumplido y por el apresamiento de un señor de la CUT”, afirmó el secretario.
Por medio de un comunicado las organizaciones cívicas y populares explicaron las razones para no negociar con el Gobierno.
Según ellos, la fuerza pública se ha presentado en los lugares de los bloqueos para hacer videos y tomar fotografías de los manifestantes, en algunas ocasiones de forma encubierta. Y agregaron que por el arresto en Bogotá de Hubert de Jesús Ballesteros, aplazaron el proceso de negociación con el Estado, por lo que movilizarían a más de mil campesinos para el cierre total de vías a partir de este martes.
“Es imperativo su libertad inmediata y la garantía de no judicialización, estigmatización y persecución por parte de los organismos de inteligencia del estado y la fiscalía general de la nación de los demás voceros y campesinos participantes del paro.”, manifiesta el comunicado.
Ballesteros es ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), miembro de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), así como de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) que promueve el Paro Nacional Agrario y directivo del Movimiento Marcha Patriótica.
Éste sujeto está siendo investigado por los delitos de financiamiento al terrorismo y rebelión agravada. Además se le señala de ser líder de masas de la guerrilla. Las autoridades manejan información que este hombre tendría contacto con el secretariado de las Farc, además es considerado cabecilla del comando conjunto central.
Las autoridades tienen más de 140 pruebas en su contra en una investigación que adelanta la Fiscalía general de la Nación entre los que podría estar su nombre en uno de los computadores de alias “Raúl Reyes”, de las Farc. En la tarde del lunes un juez de control de garantías legalizó su captura en una audiencia a puerta cerrada.