Se busca, entre otros objetivos, identificar amenazas y vulnerabilidades en la implementación de la Ley de Víctimas; facilitar la gestión de la Contraloría General de la República como órgano de control, para identificar conductas de corrupción en las zonas de consolidación, entre otras.
La Contraloría General de la República pondrá en marcha en municipios afectados por el conflicto armado y con problemas de débil presencia institucional, un proyecto destinado a identificar conductas de corrupción en el manejo de recursos públicos y mejorar la gobernabilidad y los procesos administrativos y financieros. Esta iniciativa impulsada por el organismo tuvo un aporte de 2 mil millones de parte de la Embajada de los Estados Unidos.
El “Proyecto para el control fiscal municipal a recursos públicos en zonas de consolidación” tiene por objeto identificar en los municipios seleccionados los factores de riesgo y conductas de corrupción asociadas con la gestión de los siguientes recursos públicos:
Regalías por explotación de minerales, utilizados en proyectos de infraestructura; recursos destinados a la Atención y Reparación Integral a Víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011); y Transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) destinadas a Salud y Educación.
Entre los municipios seleccionados donde se desarrollará este proyecto está el de Arauca capital.
Con el desarrollo del Proyecto para el control fiscal municipal a recursos públicos en zonas de consolidación, se prevé alcanzar las siguientes metas específicas
1. Fortalecer el Estado de Derecho y la capacidad institucional en zonas de consolidación.
2. Facilitar la gestión de la Contraloría General de la República como órgano de control, para identificar las conductas de corrupción en las zonas de consolidación, y contribuir a la generación de un sistema de alertas tempranas.
3. Establecer planes gubernamentales de desempeño-mejoramiento en la ejecución de recursos públicos y acompañar su seguimiento.
4. Identificar amenazas y vulnerabilidades en la implementación de la Ley de Víctimas.
5. Acompañar a las autoridades municipales en el mejoramiento de sus procesos administrativos y financieros, con el fin de fortalecer la gobernabilidad local.
La parte operativa de este convenio por parte de la Contraloría General de la República está a cargo del Equipo de Monitoreo y Seguimiento a la Política Pública dirigida a la Población Víctima, que hace parte de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario.
Los recursos destinados al convenio por parte de la Embajada de Estados Unidos en Colombia no ingresarán al presupuesto de la Contraloría General de la República. Serán ejecutados directamente por la Sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), teniendo en cuenta los requerimientos del desarrollo del Proyecto.
Durante la firma del Acuerdo, la contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, dijo que la presencia de este organismo de control en los municipios, vigilando los recursos de regalías y del SGP, ha permitido recuperar la credibilidad y confianza en la institución por parte de la ciudadanía, y el proyecto que se pondrá en marcha va a reafirmar esta situación.
Por su parte, director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Jorgan K. Andrews, dijo que espera que este modelo sirva de ejemplo para replicarlo en otros municipios.