Así lo ordenó el Consejo de Estado ante los riesgos en la seguridad de demandantes y jueces.
El proceso de reparación fue interpuesto por José Álvaro Torres en contra del Ejército por la muerte de sus tres hijos menores en Tame (Arauca), en el 2010.
El proceso, que había sido radicado ante el Tribunal Administrativo de Arauca y luego remitido a los juzgados de Arauca, ahora pasa a manos de jueces administrativos de Bogotá, determinó el Consejo de Estado.
Igualmente, el alto tribunal le solicitó a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior que realice estudios de seguridad necesarios para determinar el grado o tipo de riesgo que pesa sobre los demandantes, el apoderado y el juez que tenga conocimiento del asunto, y a que se adopten las medidas de seguridad necesarias para el caso.
La decisión del traslado del proceso se tomó teniendo en cuenta el riesgo que corren la Juez Administrativa de Arauca, el defensor de la parte demandante y los demandantes.
Se señaló además que para adoptar la decisión se tuvo en cuenta el impacto de la muerte de los menores de edad, la presunta participación de miembros de la Fuerza Pública en el hecho y el asesinato de la juez penal que conocía el caso.
Los menores asesinados fueron Jimmy Ferney Torres Jaimes (9 años), Jeferson Geovany Torres Jaimes (6 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (14 años), dos de ellos encontrados con signos de abuso sexual.
A este caso se sumó el homicidio de la Juez Penal del Circuito de Saravena, a quien le correspondió el proceso inicialmente.
En septiembre pasado una juez de Bogotá condenó a 60 años de prisión al subintendente Raúl Muñoz luego de ser hallado responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y homicidio agravado en concurso homogéneo y heterogéneo. Los 60 años representan la máxima pena que puede dictar la justicia.