Arauca

Piden a la CPI investigar crímenes de sindicalistas en Colombia

• 2012-10-11 12:40:30
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Ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Ccjar, radicó una petición para que se tomen acciones con respecto a la violencia en contra de los sindicalistas en Colombia. Para los accionantes, la impunidad y sistematicidad de los casos los hacen crímenes de lesa humanidad.

La petición que fue apoyada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el European Center for Constitutional and Human Rights (Ecchr), solicita que se profundice en las investigaciones que ya están abiertas de forma preliminar en la Fiscalía de la CPI, argumentando que se trata de un “caso emblemático de violencia utilizada estratégicamente por el Estado y los grupos paramilitares como parte de las estrategias de contrainsurgencia”

Y es que el reporte del Ccajar habla de 13 sindicalistas asesinados en lo que va del 2012. La cifras que son de la Escuela Nacional Sindical señalan que 2.927 sindicalistas han sido asesinados en las últimas tres décadas; 775 desde el 2002, fecha de la creación de la CPI.

Por eso, a pesar que la Fiscalía de la CPI empezó los exámenes preliminares en el caso de Colombia en el 2003, para los accionantes “estos procesos se encuentran en un punto muerto” y consideran que se los casos deben ser calificados o crímenes contra la humanidad.

“El 90% de estos crímenes permanecen en la impunidad (solo 230 de 2.927 casos ha habido sentencia), los participantes directos e indirectos no están siendo investigados. Aún en los casos en los cuales hay condenas de unos pocos perpetradores directos, aquellos que forman parte del liderazgo militar y político gozan de impunidad total, aunque sean los principales responsables de esos crímenes”, señala la petición.

A juicio de los accionantes, que la CPI abra una investigación formal es la única “posibilidad realista” de identificar a responsables de los crímenes. Además, desde el 2002 se han registrado –según la acción- la desaparición forzada de 61 sindicalistas, 3.785 amenazas, 32 allanamientos ilegales, 133 atentados, 455 casos de detenciones arbitrarias, 656 casos de desplazamiento forzado, 361 hostigamientos, 57 secuestros y 29 casos de tortura.

De los 775 casos que forman parte de la acción –los ocurridos desde la creación de la CPI-, el Ccjar priorizó uno ocurrido en el departamento de Arauca en los habrían participado como presuntos autores paramilitares, fuerzas militares y la Policía:

Se trata de Jorge Eduardo Prieto Chamucero, Héctor Alirio Martínez y Leonel Goyeneche Goyeneche, quienes habrían sido asesinados por integrantes del Ejército el 5 de agosto de 2004 en Arauca y presentados como integrantes de la guerrilla. “No llevaban armas, ni habían tratado de resistirse de ninguna forma al ejército. Sin embargo, los tres sindicalistas fueron matados a tiros y fueron declarados por el Ejército como miembros de la guerrilla que habían fallecido en combate”, dice la comunicación.

Ya hay condenados por este caso.

Un subteniente y tres soldados del ejército colombiano, así como un civil, fueron condenados a 40 años de cárcel por el asesinato, en agosto de 2004, de tres sindicalistas en el departamento de Arauca, que fueron presentados entonces como guerrilleros.

La condena afectó al subteniente Juan Pablo Ordoñez, y a los soldados Jhon Jairo Hernández Suárez, Walter Loaiza Culma y Óscar Saúl Cuta, de la Quinta Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga.

El mismo fallo condena también al civil Daniel Caballero Rozo, quien acusó a las tres víctimas de ser "auxiliadores" de la guerrilla.

El día del crimen, los tres sindicalistas se encontraban en el interior de una casa de la pequeña aldea de Caño Seco, que pertenece al municipio de Saravena, en el departamento de Arauca.

La casa fue rodeada, los militares ingresaron disparando y se estableció que no se libró ningún combate, según la investigación.

El fallo, según fuentes de la Organización No Gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, es "uno de los primeros emitidos por los juzgados especializados de descongestión", creados tras acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para investigar, esclarecer y castigar asesinatos de sindicalistas en Colombia.

Asimismo, la sentencia ordena, además, "continuar con la investigación con el fin de establecer otros presuntos responsables, incluyendo a altos mandos militares", según la misma ONG.

Los sindicalistas "no fueron muertos en combate, como tampoco dados de baja al huir, sino por el contrario, cruelmente asesinados", añadió esa organización.

Y señala que así lo certifican "no solo las pruebas de balística, que demuestran que los disparos fueron hechos a corta distancia y las víctimas estaban aparentemente en estado de indefensión, sino de diversas declaraciones de testigos presenciales".

Los militares afectados pertenecían al batallón Revéiz Pizarro, con sede en Saravena, y en la actualidad se encuentran detenidos en el centro de reclusión militar de la base de Tolemaida.

El vicepresidente Francisco Santos, y el entonces ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe aseguraron que las víctimas eran guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Santos, sin embargo, rectificó pocas semanas después al decir que no eran rebeldes, pero que esa información la recibió entonces de los militares.

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