Los defensores públicos de Arauca se unieron al plantón convocado a nivel nacional para protestar por un examen – entrevista que les realizarán dentro de la misma Defensoría del Pueblo y que según ellos, no es equitativa o igualitaria para cada defensor, con lo que se atenta la objetividad y la igualdad del ejercicio dentro de la entidad.
“Queremos que no sea una simple entrevista, porque no han definido las bases de la evaluación. Aspiramos a que esta contratación, no se utilice el clientelismo, sino que se seleccione a los mejores abogados. Dejamos claro que no se suspende el servicio, los compañeros están atendiendo todas las audiencias correspondientes, y esta jornada es solo para hoy”, declaró Ramón Alirio Cárdenas, defensor público que sirvió de vocero en la protesta.
El comunicado a la opinión pública que dieron a conocer los defensores públicos dice lo siguiente:
“No nos oponemos a la evaluación como tal, porque consideramos que es recomendable para la mejor prestación de este servicio, sin embargo, no estamos de acuerdo con la metodología hasta ahora propuesta para dicha evaluación porque no tiene establecidas unas bases objetivas, que deben involucrar la idoneidad y experiencia, entre otros factores. De la misma manera extrañamos que la evaluación no ha definido unos valores o puntuación de la prueba, quedando su calificación a libre arbitrio y subjetividad del entrevistador.
”La evaluación se debe hacer teniendo en cuenta entre otros factores los siguiente: estudio de pregrado y posgrado del contratista así como la participación en el proceso de formación que la propia institución le ha ofrecido a través del plan de capacitación desarrollado por la escuela de defensoría pública, tiempo de experiencia en la prestación de servicios de defensoría pública.
”Extrañamente, los abogados contratados en el mes de diciembre del año 2012, fueron excluidos de la citada evaluación, en tanto que los defensores que vienen contratados de años atrás tienen que someterse a ella, presentándose un trato desigual.
”Por lo anterior, comunicamos a la defensoría del pueblo, a la rama judicial, a la fiscalía general de la nación, al ministerio público, a nuestros usuarios y a la ciudadanía en general, que nos declaramos en alerta por la defensa de nuestros derechos como defensores públicos”.