La sala penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la decisión de la juez 27 de conocimiento de Bogotá que condenó a 60 años de prisión al militar Raúl Muñoz Linares luego de ser hallado responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y homicidio agravado en Caño Temblador, zona rural de Tame, en octubre de 2010.
Para el tribunal es evidente la responsabilidad del militar en los hechos delictivos y solicitó ante el Consejo Superior de la Judicatura y el Tribunal Superior investigar las actuaciones de la defensa del militar, entre ellos al abogado Sergio Rodríguez Alzate, por presuntas faltas contra la ética profesional, pues durante el juicio perjudicaron el buen nombre de las víctimas. A su vez, pidió investigar la actuación profesional de la psicóloga María Patricia Gil.
Además el Tribunal solicitó al comando del Ejército Nacional que se diseñen y ejecuten mecanismos para una incorporación adecuada del personal y al ICBF para que cree un plan de atención para la menor y la familia de las víctimas.
El pasado 25 de septiembre, la juez 27 de conocimiento condenó a 60 años de prisión al teniente del Ejército Raúl Muñoz Linares, como responsable de la violación y asesinato de Jenny Narvey, de 14 años, y de la muerte de dos hermanos de la niña, Jimmy Ferney y Jeferson Giovany Torres Jaimes -de 9 y 6 años de edad-, en Tame (Arauca). Muñoz también fue inhabilitado por 20 años.
El crimen conmovió al país y puso al Ejército ante uno de los más graves escándalos de los últimos tiempos.
Las pruebas de ADN halladas en el cuerpo de la niña asesinada, su presencia en el área y el hecho de que el día del crimen se hubiera evadido por dos horas de su unidad militar, sin ninguna explicación válida, fueron claves en la condena.
"Las víctimas estaban indefensas y fueron atacadas por la espalda con golpes en la cabeza (...); las heridas coincidían con un machete como el que tenía el acusado, y él volvió al campamento mojado, agitado y buscando dónde bañarse", argumentó la juez, quien concluyó que el militar hizo inteligencia a las víctimas, se aseguró de que los niños estuvieran solos y procedió a atacarlos con dolo y total conciencia de sus actos.
El fiscal 51 de Derechos Humanos, Víctor Julio Lozano, había solicitado al juzgado condenar al militar a 60 años de prisión señalando que "Muñoz, valiéndose de su autoridad y rango militar, montó un observatorio el 2 de octubre para espiar a la niña, mas no a la guerrilla. Se aseguró de que su padre no iba a estar, para cometer el delito".
Durante el proceso, los investigadores del caso señalaron al teniente del Ejército Raúl Muñoz, quien no asistió a la audiencia, como un "depredador sexual".
La juez 27 puso en duda la credibilidad de los testigos de la defensa y no dio crédito a la tesis según la cual todo era un montaje de la guerrilla.
La funcionaria, igualmente, ordenó que la condena se cumpla en la cárcel La Picota, de Bogotá, y compulsó copias con destino a la Fiscalía General de la Nación a fin de que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio en los que pudieron incurrir Stiven Florido Vega, Freddy Alexis Caballero Rodríguez y Eleiner Pallares Martínez en las declaraciones que rindieron ante este despacho judicial en audiencia de juicio oral en la que comparecieron en calidad de testigos de la defensa.
Asimismo se compulsaron copias con destino a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que se indague sobre las posibles faltas disciplinarias en las que puede incurrir el señor General Javier Fernández Leal comandante de la octava división y el señor Coronel Freddy Francisco Sanmiguel Guzmán comandante de la brigada móvil cinco del Ejercito Nacional de Colombia, por la presunta omisión en que ocurrieron frente a los hechos que le fueron denunciados por los pobladores de la zona rural del municipio de Tame los días 15 y 16 de octubre de 2010.
Vía: eltiempo.com