El viernes anterior, 14 de Septiembre de 2012, entrada las tres de la tarde, inició la audiencia en la sala del Juzgado Primero Penal que resolvería en segunda instancia si el diputado Édgar Guzmán Robles, acusado de los delitos de Falso testimonio falsa denuncia agravado, fraude procesal y peculado por uso, debía ir a la cárcel mientras se cumple su proceso.
El juez ratificó lo decidido en la primera instancia de determinarle medida de aseguramiento no privativa de la libertad, según él, porque debe tomarse en cuenta la proporcionalidad entre las pruebas con las que cuenta la fiscalía y la medida a imponerse.
El juez explicó que las pruebas, en suma, no eran tan graves como para merecer la medida intramural, pues no hay pruebas de que vaya a atentar contra la comunidad o de que continuara con el delito, según la baja peligrosidad demostrada por el diputado.
En cambio, delitos como los de terrorismo, acceso carnal violento u otros de igual peligrosidad, sí merecían el aseguramiento intramuros, explicó el juez.
Ante las declaraciones de la fiscalía de que si el diputado continuara libre obstruiría la justicia con manipulación de pruebas, el juez dijo que las pruebas las tenía la Fiscalía en cadena de custodia, por lo tanto el diputado no podría tener acceso a ellas, por lo que no es necesaria la medida carcelaria.
El 24 de agosto pasado, la fiscalía había pedido la medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario, porque argumentó que Guzmán Robles fraguó un plan para aparecer como víctima de amenazas por parte de grupos armados ilegales.
Según explicó la fiscalía, Guzmán Robles se buscó a un amigo en El Amparo, Venezuela, y lo convenció con promesas de pagarle 10 millones de pesos, ascensos laborales tanto para él quien es escolta, como para su esposa, así como facilidades para acceder un crédito para educación superior del Icetex. Luego le mandó un celular venezolano al sujeto para que le enviara mensajes de texto amenazándolo de muerte.
Añadió que los mensajes de texto amenazantes eran preparados por el propio diputado, quien organizó todo para ser merecedor de un esquema de seguridad que en realidad no necesitaba.
Y dijo que el delito de falsa denuncia era agravada porque el imputado era una persona elegida para un cargo público por voto popular, lo que hizo que engañara a la comunidad y a sus electores, razón por la que consideraba que la medida carcelaria no era desproporcionada.
La defensa por su parte, dijo que la fiscalía desconocía la realidad de los diputados en materia de seguridad y que lo estaba persiguiendo injustificadamente, pues las pruebas no ameritan la cárcel inmediata para su prohijado.
Agregó que Guzmán Robles se caracteriza por su apoyo a las autoridades, tanto así que el propio diputado aportó las tarjetas simdcard de las que se vale la fiscalía para acusarlo.
Según la defensa, el denunciante se inventó toda esta historia que cuenta la fiscalía como venganza porque el diputado Édgar Guzmán Robles no lo incluyó dentro de su esquema de seguridad.
Puntualizó la defensa diciendo que la medida intramuros no era necesaria porque su defendido no tenía antecedentes judiciales. Fue entonces cuando el juez decretó en esa primera instancia la medida de aseguramiento no carcelaria que el juez de segunda instancia le ratificó.
Guzmán Robles continuará con su labor de diputado y estudiando, pero como continuará su proceso en curso, no podrá salir del municipio.