Durante el fin de semana anterior, las autoridades capturaron en el municipio de Cravo Norte a tres sujetos, sindicados de la muerte de dos policías en el año de 2011. Al parecer, uno de ellos era el capataz de una finca de la exalcaldesa de ese municipio, Zoila Sposito Nieves.
Los capturados fueron identificados como Aldemar Rebolledo Méndez, David Aquilino Villlasan, y Édgar Gutiérrez Rebolledo, quienes alegaron dedicarse a las labores del campo como jornaleros.
El operativo fue realizado por las autoridades en la zona céntrica de Cravo Norte, exactamente en una gallera y en la manga de coleo, donde fueron capturados los sujetos, a quienes les endilgaron los cargos de homicidio agravado, hurto agravado y rebelión.
Durante la judicialización de estas personas se supo que las autoridades, mediante investigación, los consideran responsables de una emboscada a una patrulla motorizada en la que murieron los dos uniformados Hollman Camilo Torifío Blanco, de 23 años y Yesid Palencia Mendoza, de 22 años, oriundos de Bogotá y El Zulia, Santander, respectivamente.
Según la fiscalía, el 21 de diciembre de 2011, a las 10 de la noche, los tres sujetos se escondieron en unas enramadas cerca al establecimiento “Los Artistas” y cuando pasó la patrulla les lanzaron una granada, para luego dispararles a los uniformados. Una vez los mataron, la fiscalía aseguró que los capturados les robaron a los policías sus armas de dotación, proveedores, chalecos blindados y un radio para luego partir por distintos sitios con rumbo desconocido.
La fiscalía también dijo que los imputados pertenecen a la comisión Reinel Méndez, del décimo frente de las Farc y que en la captura les fueron incautados dos celulares con sus respectiva simdcards.
Pese a que la defensa solicitó que las incautaciones fueran declaradas ilegales por tratarse de un artículo personal para comunicarse con la familia, el juez de control de garantías aprobó la solicitud hecha por la fiscalía y el Ministerio público para que se declarara legal las incautaciones, además de la legalización de captura y medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Según el Código Penal, el delito de homicidio agravado tiene una pena de entre 33 a 50 años de prisión; rebelión comporta una pena de 8 a 13 años y hurto agravado tiene una de entre 12 a 28 años a cumplir en una cárcel. Como no se allanaron a los cargos, les espera el juicio donde se demostrará su culpabilidad o inocencia.