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- Última actualización 09:21 PM
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¿Está en riesgo la propiedad privada? Nuevo choque entre el Gobierno y la oposición.
Una nueva polémica rodea la reforma agraria del Gobierno Nacional. La exsenadora Paloma Valencia aseguró que el Decreto 0765 de 2026 pone en riesgo la propiedad privada en Colombia, mientras el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) responden que la norma no crea nuevas facultades y solo reglamenta leyes que existen desde hace más de 30 años.
¿Qué es lo que denuncia a Paloma Valencia?
El dirigente del Centro Democrático sostiene que el decreto le otorga a la ANT facultades que podrían afectar los derechos de los propietarios de predios rurales.
Según Valencia, la norma permitiría cancelar restricciones, producir efectos registrales con una promesa de compraventa y facilitar la toma de posesión administrativa de predios, lo que, en su criterio, "no es reglamentar la ley; es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores".
La exsenadora también cuestionó la rapidez con la que fue expedida la norma y advirtió que, si el Consejo de Estado termina anulándola, podrían haber realizado actuaciones difíciles de revertir.
"La reforma agraria no puede construirse destruyendo el Estado de derecho. La verdadera protección para los campesinos es la seguridad jurídica", afirmó.
Además, asegúrese de que la inscripción de un código registral relacionado con la utilidad pública podría dificultar que pequeños y medianos productores accedan a créditos, al generar incertidumbre para las entidades financieras.
¿Qué respondió el Gobierno?
El Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras rechazaron esas afirmaciones y aseguraron que el decreto no crea nuevos mecanismos para adquirir tierras.
Explicaron que la posibilidad de comprar o expropiar predios por motivos de utilidad pública e interés social ya existe desde la Ley 160 de 1994, norma que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria, y que posteriormente fue reforzada por la Ley 2294 de 2023.
"El Decreto 0765 no crea nuevos efectos jurídicos, sino que reglamenta operativamente una facultad ya existente", señaló.
El Gobierno también aseguró que los jueces y registradores conservan sus competencias y que el llamado código registral de utilidad pública tiene únicamente multas informativas y no limita el derecho de propiedad.
Asimismo, indicó que el decreto mantiene las protecciones para predios involucrados en procesos de restitución de tierras, Justicia y Paz, medidas cautelares, bienes culturales y áreas con restricciones ambientales.
¿Quién tiene razón?
El debate jurídico no es tan simple como parece.
Por un lado, el Gobierno tiene razón cuando afirma que la posibilidad de adquirir predios para la reforma agraria no nació con este decreto.
Pero el cuestionamiento de Paloma Valencia no se centra en la existencia de la reforma agraria, sino en si el Gobierno, mediante un decreto reglamentario, fue más allá de lo que autoriza la ley.
Ese será, probablemente, el principal punto de discusión si el decreto llega al Consejo de Estado.
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