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Disidencias de las FARC restringen misiones humanitarias, dicen OEA, ONU y Defensoría del Pueblo.
Organismos internacionales y entidades de derechos humanos rechazan la decisión de disidencias de las FARC de limitar el ingreso de misiones humanitarias a zonas bajo su control en Colombia.
La Organización de los Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo advirtieron que esta restricción vulnera el derecho internacional humanitario y pone en riesgo a las comunidades que dependen de su acompañamiento.
La OEA desmintió los señalamientos sobre falta de imparcialidad y aseguró que durante 22 años ha trabajado "sin restricciones y en base a la confianza de las partes". Además, reiteró que continuará en los territorios donde la población lo requiera.
Desde la ONU, la coordinadora residente Mireia Villar expresó su "profunda preocupación y rechazo", alertando que estas medidas aumentan el riesgo para civiles y personal humanitario.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo fue enfática: "Restringir a la Defensoría no sólo afecta el ejercicio de nuestra función constitucional, sino que en la práctica termina castigando a las comunidades".
La advertencia del grupo armado
Y es que la decisión fue anunciada por la disidencia liderada por Iván Mordisco, que se autodenomina Estado Mayor Central, la facción más numerosa entre los grupos residuales de la antigua guerrilla de las FARC.
En un comunicado, el grupo señaló que el ingreso de estas misiones quedaría "restringido" por "graves violaciones de confianza y neutralidad", y aseguró que algunas acciones humanitarias habrían sido utilizadas para “obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares”.
Sin embargo, indicaron que permitirán el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja siempre que garantice "neutralidad absoluta".
Esta estructura armada ilegal tiene fuerte presencia en el suroeste y sureste del país, con influencia en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta y zonas de la Amazonía, además de corredores estratégicos en regiones como el Pacífico y la frontera oriental, incluyendo áreas de Arauca.
Según estimaciones de la Fundación Ideas para la Paz, para 2025 contaba con más de 4.000 integrantes armados en todo el país.
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