Expertos consultados por medios de comunicación advierten que los recientes ataques del ELN en Arauca harían parte de una estrategia para reforzar su control territorial y preparar un escenario de defensa coordinado con el régimen de Nicolás Maduro, ante la tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela.
Los hechos violentos registrados en las últimas semanas en Arauca —el atentado contra el gobernador Renson Martínez, el secuestro de cinco militares y el ataque, por segunda vez, a la base militar de Puerto Jordán el pasado 5 de octubre— serían, según los analistas, la expresión local de una ofensiva insurgente diseñada para asegurar la estabilidad del corredor transfronterizo que conecta Arauca con el vecino país. Ese corredor, según las fuentes, podría convertirse en un eje de movilidad estratégica en caso de una intervención militar estadounidense en Venezuela.
Los investigadores Jorge Mantilla y Carlos Velandia coinciden en que la situación en el departamento no puede interpretarse únicamente como un reacomodo del conflicto interno colombiano. Por el contrario, afirman que es un indicio de un escenario regional donde el ELN desempeña un papel clave en la defensa del régimen de Nicolás Maduro.
Mantilla, experto en crimen organizado, seguridad y conflicto, explica que un eventual ataque militar estadounidense —no una invasión, sino acciones selectivas contra infraestructura crítica o altos mandos venezolanos— generaría una reacción inmediata de Caracas: la activación del "Escudo Bolivariano", ejercicios militares en los que, según el investigador, "integran al ELN como parte de la estructura de defensa conjunta".
Cada vez que el chavismo ha puesto en marcha este mecanismo, en 2020 y 2022, el impacto sobre Arauca, Norte de Santander y Apure ha sido directo, con un aumento de operaciones del ELN, desplazamientos forzados y enfrentamientos con disidencias, añade Mantilla.
El investigador califica este escenario como una doctrina de “guerra insurreccional”, consistente en trasladar los costos humanitarios y de seguridad de una escalada militar hacia territorio colombiano, generando caos, presión migratoria y una crisis que obligue a la región a intervenir diplomáticamente.
Carlos Velandia, exintegrante del ELN, investigador y promotor de paz, afirma que la guerrilla se encuentra en un “acuartelamiento de primer grado”, una fase de alistamiento absoluto frente a una posible ofensiva militar de Estados Unidos. En ese contexto, asegura que el ELN estaría actuando “como una primera línea” defensiva del régimen de Maduro.
Con cerca del 70 % de su estructura desplegada en territorio venezolano, el ELN opera como una fuerza transfronteriza con capacidad militar, social y logística en ambos lados de la frontera.
Velandia añade un elemento que complejiza el panorama: la organización insurgente, por su presencia histórica binacional, actuaría no solo como escudo del chavismo, sino también como una "primera línea en la defensa de la soberanía colombiana". Esto, según el analista, convierte al ELN en un actor singular, pues puede generar efectos humanitarios y de seguridad que obliguen a Bogotá a intervenir diplomáticamente.
La tensión internacional aumentó esta semana luego del anuncio del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre la operación militar "Lanza del Sur", cuya misión sería "expulsar a los narcoterroristas del hemisferio" y proteger a la población del consumo de drogas. Para ello, Washington desplegó en el Caribe el portaaviones Gerald Ford —el de mayor capacidad del mundo— junto a una flotilla de apoyo.
Víctor Mijares, profesor de la Universidad de los Andes y analista geopolítico, señaló que no se veía un despliegue militar de esta magnitud en el Caribe desde 1989 y, a nivel global, desde la primera guerra del Golfo en 1991.
Sin embargo, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de Naciones Unidas, el 90 % de la cocaína que llega a EE. UU. proviene de Colombia, no de Venezuela.
La ofensiva estadounidense, que incluye bombardeos a embarcaciones en el Caribe y ha dejado al menos 70 personas muertas, ha sido rechazada por la ONU y varios países. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que existen "fuertes indicios" de ejecuciones "extrajudiciales" durante estas operaciones.
Mientras tanto, senadores en Washington impulsan una votación para prohibir un ataque terrestre en Venezuela, en medio de la creciente tensión entre Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro.