José Luis Esparza, quien dedicó entre el 30 % y el 40 % de sus 37 años de carrera militar a Arauca y Norte de Santander, advierte que las redes de información de las organizaciones armadas representan un desafío para la Fuerza Pública. En el departamento hay antecedentes de operaciones contra estructuras dedicadas a la inteligencia delictiva, la extorsión y el apoyo logístico al ELN.
La confrontación con el ELN no se libra únicamente con armas, tropas y operaciones militares. También se desarrolla mediante redes que recopilan información, conocen los movimientos de las autoridades y facilitan el funcionamiento de las estructuras armadas. Esa es una de las principales advertencias del general en retiro José Luis Esparza, quien considera que Colombia necesita recuperar y fortalecer sus capacidades de inteligencia.
“Usted puede comprar el avión más poderoso del planeta y ese no le gana al terrorismo. Al terrorismo solo le gana la inteligencia”, afirmó el ex oficial al analizar las dificultades del Estado para enfrentar organizaciones que operan mediante estructuras dispersas y conocen las particularidades de los territorios donde tienen presencia.
Su señalamiento tiene especial relevancia para Arauca. Esparza aseguró que entre el 30 % y el 40 % de sus 37 años de carrera militar transcurrieron en Arauca y Norte de Santander, dos departamentos donde el ELN ha consolidado estructuras armadas y redes de apoyo.
El general fue más allá al evaluar las capacidades de esa guerrilla: “El sistema más importante de inteligencia en este momento que tiene el país lo tiene el ELN. Son absolutamente expertos. El ELN se va alimentando, se va guardando y su fundamento es inteligencia”.
La afirmación es una valoración del ex militar, pero encuentra elementos de contexto en las operaciones que las autoridades han desarrollado en Arauca contra personas señaladas de cumplir funciones de información, financiación y apoyo a esa organización.
Las redes que sostienen al ELN en Arauca
El 16 de febrero de 2026, una operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fiscalía permitió capturar en Arauquita a cuatro presuntos integrantes de la estructura Camilo Cienfuegos del ELN. Entre ellos estaba alias Monchi, señalado como segundo cabecilla de su Red de Apoyo al Terrorismo y presunto articulador de sus finanzas.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, esa red habría obtenido recursos mediante extorsiones, desplazamiento de campesinos y apropiación de fincas productoras de plátano. Los productos eran comercializados en bodegas de Bogotá y las ganancias, según la investigación militar, se reinvertían en logística e intendencia para la organización armada.
No es el único antecedente. En octubre de 2025, el Ejército informó sobre la captura en Arauca de alias Quesero y alias Salvador, señalados de integrar una red de apoyo de la Comisión Rafael Villamizar, perteneciente al Frente Domingo Laín Sáenz. Según la institución, el primero habría recaudado y entregado recursos a un cabecilla militar del ELN.
Estos casos permiten dimensionar una parte del problema: Las estructuras armadas necesitan mucho más que combatientes para sostenerse. Requieren recursos, abastecimiento, información, comunicaciones y personas que faciliten sus actividades en los municipios donde operan.
En 2022, el Ejército también reportó capturas en Fortul y Tame de presuntos integrantes de redes del ELN, entre ellos personas señaladas de conseguir material de guerra, fabricar explosivos y realizar labores de inteligencia delictiva para preparar secuestros y extorsiones.
Jaque y operaciones contra las guerrillas: La trayectoria de Esparza
La advertencia del general en retiro tiene como antecedente una carrera de más de 37 años en el Ejército, especializada en inteligencia militar. Su nombre quedó asociado a una de las operaciones más reconocidas de las Fuerzas Militares colombianas: La Operación Jaque, ejecutada el 2 de julio de 2008.
Esparza fue uno de los principales responsables de la planeación y conducción de la misión que permitió rescatar a 15 secuestrados de las Farc, entre ellos Ingrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidenses y 11 integrantes de la Fuerza Pública. La operación se desarrolló mediante una maniobra de engaño en la que militares se hicieron pasar por integrantes de una misión humanitaria para trasladar a los cautivos sin que la guerrilla advirtiera el propósito real.
Su experiencia también estuvo ligada a las operaciones de inteligencia contra las Farc y el ELN en el oriente del país. El propio Esparza ha señalado que entre el 30 % y el 40 % de sus 37 años de servicio transcurrieron en Arauca y Norte de Santander, regiones donde conoció de cerca las dinámicas de las organizaciones armadas.
En su trayectoria ocupó responsabilidades estratégicas en inteligencia, contrainteligencia y Estado Mayor. Después de su reintegro al Ejército, ordenado por la justicia en 2025, fue encargado de tareas relacionadas con la transformación de las políticas de inteligencia y contrainteligencia. En 2026 solicitó su retiro de la institución.
Ese recorrido permite entender desde qué experiencia formula su diagnóstico sobre las capacidades del Estado y la manera en que organizaciones como el ELN utilizan la información para sostener sus estructuras y anticiparse a las operaciones militares.
El problema de la inteligencia del Estado
Esparza considera que Colombia ha debilitado sus capacidades por la pérdida de personal especializado, la falta de continuidad en los equipos y la influencia de intereses políticos en la dirección de los organismos.
“El hombre de inteligencia empieza a ser maduro cuando ya está a punto de salir. Realmente la inteligencia del Estado ha sido un aspecto que no ha sido considerado de una forma mucho más seria”, manifestó.
Para el ex oficial, la experiencia acumulada por los investigadores y técnicos es fundamental para comprender cómo evolucionan las organizaciones criminales. Los cambios de Gobierno, dijo, no deberían traducirse en el reemplazo de expertos por funcionarios sin suficiente preparación.
Al referirse a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), insistió en que debe ser una institución conformada por profesionales especializados: “El DNI debe ser un aparato de expertos”.
La discusión no se limita a la capacidad de obtener información. También involucra la posibilidad de convertirla en resultados judiciales. Esparza reclamó una mayor articulación entre inteligencia y Fiscalía para identificar responsables, reconstruir las redes criminales y llevar los casos ante los jueces.
Ese punto tiene una particularidad en Colombia: La Ley Estatutaria 1621 de 2013 establece que los informes de inteligencia y contrainteligencia no tienen valor probatorio por sí mismos en procesos judiciales o disciplinarios, aunque su contenido puede orientar las indagaciones. La norma también fija límites para proteger los derechos humanos, la intimidad y las garantías ciudadanas.
El desafío, por tanto, consiste en que las capacidades de inteligencia permitan anticipar amenazas y, al mismo tiempo, aporten información útil para investigaciones desarrolladas bajo las reglas de la justicia.
“A veces, lamentablemente, la inteligencia criminal supera la del Estado”, advirtió Esparza.
Su diagnóstico pone sobre la mesa una discusión que afecta directamente a regiones como Arauca: Mientras las organizaciones armadas perfeccionan sus mecanismos de información y apoyo, las instituciones necesitan personal preparado, continuidad y coordinación para conocer sus movimientos y desarticular las redes que les permiten operar.