El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que presentará al Congreso un marco regulatorio especial para la región, con reglas diferenciales sobre propiedad y titulación de tierras. La primera meta contempla desarrollar 400.000 hectáreas.
El Gobierno Nacional prepara un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio especial para la Altillanura colombiana, con el que busca resolver algunas de las dificultades que, según el Ministerio de Agricultura, han frenado la llegada de inversión al territorio.
El anuncio fue hecho por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, durante su intervención en la 60.ª Convención Bancaria, realizada en Cartagena.
Dangond señaló que el proyecto será presentado al Congreso la próxima semana y que uno de sus principales componentes será establecer reglas diferenciales sobre títulos y propiedad de la tierra, con el propósito de ofrecer mayor seguridad jurídica a quienes quieran invertir en la región.
“Hasta que no tengamos ese marco regulatorio, ahí no nos van a llegar los inversionistas, porque la gente tiene miedo”, afirmó el ministro durante su intervención ante representantes del sector financiero.
Una apuesta por 400.000 hectáreas
El Gobierno plantea como primera meta el desarrollo de 400.000 hectáreas en la Altillanura, con énfasis en cultivos como soya y maíz y en esquemas de rotación productiva.
De acuerdo con los cálculos presentados por el ministro, ese desarrollo tendría el potencial de movilizar más de $8 billones en inversiones.
El anuncio también está relacionado con la necesidad de mejorar las condiciones de infraestructura de la región. Dangond mencionó la construcción de terraplenes como parte de las obras necesarias para facilitar el desarrollo productivo y la salida de las cosechas.
La propuesta contempla, según lo expuesto por el ministro, que la Altillanura pueda convertirse en uno de los grandes escenarios de expansión de la producción agrícola durante los próximos cuatro años.
El Ministerio de Agricultura confirmó posteriormente que el Gobierno presentará un marco normativo destinado a movilizar más de $8 billones de inversión en la Orinoquía y la Altillanura, especialmente en los sectores de maíz y soya.
Seguridad jurídica, una vieja discusión
El anuncio revive una discusión que lleva años alrededor del desarrollo de la Altillanura: cómo garantizar seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra y, al mismo tiempo, crear condiciones para atraer capital y ampliar la producción agropecuaria.
Para el Gobierno, la incertidumbre relacionada con la propiedad y titulación constituye una de las barreras para la llegada de nuevos inversionistas.
El ministro planteó que el nuevo marco regulatorio debe permitir que quienes destinen recursos a proyectos productivos tengan mayor certeza sobre las tierras en las que desarrollarán sus inversiones.
La propuesta se suma a otras iniciativas que en las últimas décadas han buscado aprovechar el potencial agrícola de la Orinoquía, una región considerada estratégica para la producción de alimentos y la expansión de la frontera agropecuaria.
La Altillanura en el centro de la agenda nacional
El anuncio hace parte de una estrategia más amplia del Ministerio de Agricultura para aumentar la inversión y el acceso al financiamiento del sector rural.
Durante la Convención Bancaria, Dangond también planteó una reforma al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, con la meta de ampliar la bancarización del campo y facilitar el acceso de los productores a recursos.
El Gobierno pretende, según el Ministerio, llegar a cerca de un millón de productores mediante nuevos mecanismos de financiación y modificaciones al sistema de crédito rural.
Para la Altillanura, sin embargo, el punto de partida será el proyecto de ley anunciado por el ministro.
De ser presentado y posteriormente aprobado por el Congreso, el nuevo marco tendría que definir las reglas bajo las cuales se desarrollaría esa nueva etapa de inversiones en la región.
Por ahora, los $8 billones corresponden a una proyección de inversión planteada por el Gobierno, mientras que las 400.000 hectáreas constituyen la primera meta productiva anunciada por el Ministerio.
El proyecto de ley será el siguiente paso para determinar si esa apuesta por la Altillanura logra convertirse en una política de largo plazo para la región.