El alcalde regresó a las 8:06 de la mañana al sector de la piscina Femar, donde un día antes había enfrentado a agentes del ITTDAR. Cuestionó la contratación de personal, acusó a funcionarios de presuntos vínculos con extorsiones y anunció que presentará en noviembre el proyecto para crear la Secretaría de Tránsito municipal.
La confrontación entre el alcalde de Arauca, Juan Qüenza, y el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento (ITTDAR) tuvo un nuevo capítulo este viernes 6 de noviembre. El mandatario regresó al sector de la calle 13, junto a la piscina Femar, donde un día antes había encarado a varios agentes de tránsito, para verificar si volvían a instalar el puesto de control.
“Bueno, 8 y 6 de la mañana y aquí estaba puntualito a ver qué tan berracos eran”, comenzó diciendo en un nuevo video publicado en sus redes sociales.
Esta vez, además de insistir en sus cuestionamientos a los procedimientos de los alféreces, Qüenza dirigió sus señalamientos al gobernador Renson Martínez, de quien depende el organismo departamental, y puso en duda la vinculación de algunos de sus funcionarios.
El alcalde aseguró que dos personas pensionadas estarían trabajando en Tránsito Departamental y cuestionó que haya personal procedente de otros departamentos y municipios.
Pero sus acusaciones fueron más allá. Afirmó que algunas personas vinculadas al organismo tendrían antecedentes de presuntas extorsiones y persecución contra ciudadanos en otros municipios, y mencionó incluso un supuesto caso relacionado con la muerte de una persona.
“En tránsito están trayendo personas de dudosa reputación de otros municipios que han sido sacados de esos municipios por los grupos al margen de la ley porque se dedicaban a extorsionar, a perseguir a la gente y ojo, que hay un tema de hasta una persona muerta por uno de esos sujetos”, afirmó.
Qüenza no identificó a las personas a las que se refería ni presentó en el video documentos, denuncias o decisiones judiciales que permitan comprobar esos señalamientos. Por tratarse de acusaciones graves, corresponde a las autoridades competentes establecer si existen investigaciones o antecedentes y determinar si hay elementos que las respalden.
El mandatario también lanzó una advertencia al gobernador y al organismo departamental: “No se metan conmigo. Yo estoy quieto y si quieren apretar yo los aprieto, pero aquí la primera autoridad y la ley soy yo”.
Anunció proyecto para crear la Secretaría de Tránsito
El alcalde reiteró que presentará antes de finalizar noviembre un proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para crear la Secretaría de Tránsito de Arauca.
“Voy a estar presentando el proyecto de acuerdo para crear la Secretaría de Tránsito y sacarlos del municipio para que dejen de perseguir a la gente y extorsionar a la gente”, manifestó.
La iniciativa no parte de cero. El municipio incorporó una Secretaría de Movilidad y Transporte a su estructura administrativa mediante el Acuerdo 024 de 2018. Posteriormente, el Ministerio de Transporte clasificó a la capital araucana como organismo de tránsito categoría A, mediante la Resolución 0006413 del 18 de diciembre de 2019.
Sin embargo, el Acuerdo 026 de 2020 estableció que las funciones de movilidad continuarían temporalmente en cabeza de la Secretaría de Gobierno mientras la dependencia entraba en operación efectiva. Por eso, el anuncio de Qüenza abre nuevamente la discusión sobre el estado administrativo y operativo del organismo municipal y los pasos que debe cumplir para asumir plenamente esas competencias.
La eventual creación o puesta en funcionamiento de una autoridad municipal no significa, por sí sola, que los funcionarios del organismo departamental deban abandonar el municipio. La distribución de competencias debe ajustarse a la legislación nacional y a las autorizaciones correspondientes.
Los controles siguen en el centro de la disputa
En el nuevo video, Qüenza volvió a cuestionar que los agentes instalen puestos de control en una curva de la calle 13, en un sector intervenido recientemente por la Alcaldía. Según el mandatario, los procedimientos terminan en inmovilizaciones y no en actividades de educación vial.
“A la gente hay que educarla, inteligencia vial y no dedicarse a llenar una grúa”, sostuvo.
También acusó al organismo de mantener un supuesto negocio alrededor de las inmovilizaciones, los parqueaderos y los refrigerios que reciben los alféreces. Al finalizar su intervención calificó de «bandido corrupto» al destinatario de sus señalamientos.
Estas afirmaciones se suman a las que había hecho el día anterior, cuando enfrentó directamente a los funcionarios y advirtió que, si regresaban al sector, acudiría con la comunidad para retirarlos.
La discusión no se limita a una diferencia sobre la ubicación de un puesto de control. El alcalde cuestiona la legitimidad de los procedimientos y la gestión del Instituto, mientras que el director del ITTDAR, Henry Colmenares, ha defendido públicamente la autoridad de sus agentes y la continuidad de los operativos.
Qué dice la ley sobre las autoridades de tránsito
El Código Nacional de Tránsito, en su artículo 3, reconoce como autoridades de tránsito tanto a los gobernadores como a los alcaldes y a los organismos de tránsito departamentales y municipales, además de otras autoridades y los agentes de tránsito.
Esto significa que el alcalde es una autoridad de tránsito en su jurisdicción, pero no la única. El organismo departamental también tiene competencias legales, de acuerdo con su ámbito de actuación y las disposiciones que regulan su funcionamiento.
Por su parte, la Ley 1310 de 2009 establece que los agentes de tránsito ejercen funciones de regulación, vigilancia y control, y que los organismos territoriales organizan y dirigen el tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones.
En consecuencia, las diferencias entre la Alcaldía y el ITTDAR no se resuelven mediante advertencias de retirar funcionarios o confrontaciones en la vía pública, sino mediante la delimitación legal de competencias y los mecanismos administrativos correspondientes.
Una disputa que ya tuvo varios enfrentamientos
El nuevo episodio se suma a los cruces públicos que Qüenza y Colmenares protagonizan desde 2025.
En mayo de ese año, el director del ITTDAR respondió a las críticas del alcalde por los controles en la carrera 20. Defendió los procedimientos y afirmó que buscaban reducir los accidentes y las muertes en las vías. También le pidió al mandatario involucrarse en las campañas de prevención.
En agosto de 2026, Colmenares volvió a cuestionar al alcalde, esta vez por atribuirse los resultados de un operativo contra motocicletas ruidosas. El director aseguró que la actuación había sido adelantada por el Instituto con acompañamiento de la Policía y reportó 64 comparendos, 29 motocicletas inmovilizadas y más de 20 exostos retirados.
En enero de este año, Colmenares había solicitado mayor participación de la Administración municipal en las labores de regulación vial y anunció la incorporación de seis alféreces para reforzar los controles en la capital.
El enfrentamiento más reciente comenzó el 5 de noviembre, cuando Qüenza encaró a los agentes en la calle 13 y les advirtió que los retiraría con ayuda de la comunidad si volvían a instalarse allí. Colmenares respondió que el organismo departamental continuaría ejerciendo sus funciones y rechazó que los funcionarios fueran a abandonar Arauca por las advertencias del mandatario.
Con el nuevo video, el conflicto pasó de las críticas a los procedimientos de tránsito a cuestionamientos sobre la contratación de personal y acusaciones de posibles vínculos con actividades criminales.
Hasta el momento, en la información revisada para esta publicación no se encuentra una respuesta del gobernador Renson Martínez ni de Henry Colmenares a los nuevos señalamientos sobre los funcionarios, sus supuestos antecedentes y la presunta relación con extorsiones y una muerte.
La controversia deja sobre la mesa preguntas que requieren respuestas documentadas: Quiénes son las personas cuestionadas por el alcalde, bajo qué modalidad están vinculadas al Instituto, si existen denuncias o investigaciones en su contra y cuáles son los soportes de las acusaciones formuladas públicamente.