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Los Sikuani en Arauca siguen desprotegidos por el Estado.

Verdadabierta.com publicó un especial del departamento de Arauca, centrado en la nula atención que ha tenido el Estado con lo ordenado por la Corte Constitucional, sobre proteger a la comunidad indígena Sikuani, entre otros, de la extinción como pueblo tribal. Este es el artículo que en Llanera.com reproducimos.

A pesar de las medidas de protección ordenadas por la Corte Constitucional y la intervención de instituciones locales y regionales, no se ha podido frenar la crisis social y cultural que padece esta comunidad indígena, una de las más grandes de la Orinoquía y de las pocas nómadas que quedan en el mundo.

Como desoladora se puede calificar la realidad del pueblo Sikuani. Quien transite las calles principales de los municipios de Arauquita, Arauca, Saravena y Tame, encontrará en las aceras a familias nativas pidiendo limosna o vendiendo dulces. Si bien es una situación que se vive en varias ciudades del país, en las regiones se acentúa más por la obligada convivencia con sus principales victimarios, las multinacionales y los grupos armados.

Los Sikuani son uno de los 36 pueblos que, según el Auto 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional, está en inminente riesgo de desaparición física y cultural. Es la etnia más grande de la Orinoquía, se calcula que hay unos 60 mil nativos en los departamentos de Arauca, Meta, Vichada, Guainía, y Casanare, y en los estados venezolanos de Amazonas, Apure, y Barinas; inclusive, según sus líderes, también los hay en Brasil.

Se estima que en Arauca viven alrededor de 700 miembros, con diferencias lingüísticas de los Sikuani de otros departamentos, y es uno de los pocos grupos indígenas con vocación nómada que aún existen en el mundo. En Arauca capital existen tres asentamientos: Corocito, La Estrellita, y Matecandela.

Un estudio realizado en 2016 por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (Uaesa) estima que los pobladores de estos tres asentamientos tienen el mayor índice de consumo de psicoactivos y padecen un alto grado de indigencia. El análisis también estableció que una de las principales causas de su desarraigo es de origen familiar: peleas internas facilitaron el proceso de desplazamiento entre veredas y corregimientos.

Adicional a ello, el documento cuestiona el asistencialismo estatal, al que califica de “excesivo”, factor que complica las tareas a la hora de abordar las dificultades sociales de los pueblos indígenas que genera la perdida de territorio, la reducción de la población, la desestructuración cultural, los procesos bruscos de sedentarización y las relaciones problemáticas que desde un inicio han tenido con la sociedad colonial.

Entre guerras y desplazamientos

Una de las primeras diásporas que vivió esta comunidad data de la década del ochenta: más de 20 familias del resguardo de Bayoneros, en el municipio de Arauquita, se desplazaron forzosamente luego del asesinato de varios de sus representantes a manos de un grupo armado que no pudieron identificar. Desde entonces decenas de indígenas empezaron a habitar las calles de Arauca capital.

Casi dos décadas después, en 1997, luego de una intensa disputa con la Autoridad Regional Indígena, se logró reubicar a la mayoría de estas familias en el resguardo El Zamuro. Todos esos años de desarraigo le costaron a los Sikuani la pérdida de identidad cultural de varios de sus integrantes, y el pegante y el alcohol que aprendieron a consumir pronto empezó a afectar a los demás integrantes de las comunidades de Matecandela, Corocito y La Estrellita.

Pero su proceso de extinción física y cultural, de acuerdo con los historiadores, había comenzado en la década del sesenta, con las “guahibiadas” o cacería de “indios”, un ciclo de violencia de los ganaderos en contra de estas comunidades por la posesión de sus territorios, lo que se tradujo en matanzas sistemáticas de indígenas. Uno de los casos más emblemáticos fue la masacre de La Rubiera, ocurrida en enero de 1968 en una finca conocida con ese nombre y que dejó 16 indígenas asesinados.

A la acción violenta de los colonos ganaderos se le sumó la explotación petrolera en la región, en especial por la firma multinacional Oxy con el hallazgo del pozo Caño Limón en los años ochenta en un lugar próximo a la laguna de Lipa, un espejo de agua considerado como sagrado y fuente de vida y alimento para muchos pueblos indígenas, incluido el Sikuani, y que tras la explotación del subsuelo perdió sus fuentes minerales, flora y fauna. (Ver: Los Hitnu, comunidad indígena en riesgo de extinción)

“Ese estero significaba la plaza de mercado más grande de la Orinoquía para suplir las necesidades de todos los pueblos indígenas. Cuando llegó la Oxy se dañó completamente el ecosistema y dejó sin esa fuente de recursos a todos los pueblos indígenas”, comentó en diálogo con este portal Víctor Chivaraquiva, presidente de la Asociación Tradicional de Autoridades Indígenas del departamento de Arauca (Ascatidar).

Estella Pérez, una líder indígena, sostuvo que el hecho de que hayan sido desplazados de la laguna de Lipa, su santuario, por parte de la petrolera Oxy, fue un golpe muy duro para organización social, pues los mayores afirman que los espíritus de esa laguna se fueron al río por lo que los médicos tradicionales quedaron sin herramientas para trabajar la coacción social, “de ahí el debilitamiento de los sistemas de gobierno propios”

A todo ello se sumó que varias comunidades pequeñas, que compartieron rasgos similares con los Sikuani, como el pueblo Jivi, se unieran a integrar lazos culturales, que con el tiempo se transformaron en valores identitarios que también se fueron perdiendo por el consumo de psicoactivos y el conflicto con los ganaderos.

Medidas que nunca repararon

José Correa, un antropólogo que ha dedicado parte de su carrera a trabajar en la región con las comunidades, aseveró que el daño ocasionado a los Sikuani es irreparable, entre otras razones porque muchos desconocieron las causas del inicio de su extinción y se lo atribuyeron al conflicto armado, que si bien incidió no generó la grave crisis cultural que ahora padecen.

“El conflicto que más los ha afectado a ellos ha sido con los ganaderos, pero es un conflicto que no aparece en la historia oficial como un conflicto significativo para la vida colombiana, porque el conflicto político con las guerrillas es el que se ha llevado toda la atención”, afirmó Correa. De acuerdo con sus estudios, las tres comunidades indígenas de la capital de Arauca, (Corocito, La Estrellita, y Matecandela) son las más afectadas por la indigencia, el alcohol y el consumo de psicoactivos.

La razón de esa afectación, a juicio de uno de los nativos, es la falta de medidas efectivas y a hechos que en vez de ayudar a la comunidad entorpecieron más el proceso de reparación. “A estas tres comunidades las ubicaron en tierras inundables, es decir, que cuando llega el invierno todo el territorio de Corocito y gran parte de Matecandela, y la Estrellita, se inunda, se pierden todos lo productos, como la yuca, maíz y plátano, lo poco que siembran, porque aún no están aculturizados, no han entendido qué es una cultura sedentaria”, comentó Luis Alfredo Cedeño, líder Sikuani.

Además, aseguró que muchos de los integrantes de la comunidad, al no tener un acompañamiento adecuado de reintegración social y cultural, terminaron degradándose, al punto de ver en los botaderos de basura una fuente de alimentación, debido a que el espacio que habitan no es apto para la cacería. “No tenemos para cazar iguanas, no conseguimos babillas y la comida mundana nos enferma”, se lamentó Cedeño.

A pesar de que los problemas que afectan a los Sikuani tienen más de 40 años, el Estado no ha implementado ninguna medida efectiva para resarcir y proteger a estas comunidades. La acción estatal de fondo más reciente fue la del fallo de tutela del Tribunal Superior de Justicia de Arauca, interpuesta por la Defensoría del Pueblo de ese departamento en 2015, mediante la cual se ordenó titular los derechos fundamentales de los habitantes de los resguardos indígenas de Matecandela, Corocito y La Estrellita, e instó a toda la institucionalidad estatal a resolver los graves problemas de salud y territorialidad que los aquejan.

Asimismo, en el 2009, la Corte Constitucional ordenó mediante el Auto 004 a todas las entidades pertinentes la creación, en un plazo máximo de 6 meses, de un Plan de Salvaguarda para cada uno de los 36 pueblos indígenas que se encuentran en riesgo inminente de desaparición física y cultural.

Pese a ello, ninguna de las acciones ha tenido efectos, pues en el caso del Plan de Salvaguarda, si bien existe un documento, no ha sido protocolizado, condensado, ni concertado con la totalidad de la comunidad Sikuani, por lo que su implementación es nula.

“El plan de salvaguarda es una medida urgente, que debió ser aplicada a los 6 meses cuando salió el Auto en 2009, entonces no entendemos cómo en un país cuya Corte Constitucional, que hace seguimiento y cumplimiento de su carta magna, de su madre en el tema de normas, le exija a un Estado que cumpla con todo un tema de unos lineamientos y unas acciones urgentes contra una población que está en vía de extinción física y cultural, uno no entiende cómo no ha pasado nada”, afirmó Óscar Montero, de la Consejería por los Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

A esto se le suma la revictimización de esta población que muchas veces viene por parte de las entidades del Estado. “La situación más fuerte que ha sufrido los Sikuani y otros pueblos indígenas del conflicto es el tema del racismo desde las plataformas administrativas porque en el departamento no existe una política pública que atienda las problemáticas de los pueblos indígenas”, sentenció Cedeño.

Daño irreparable

El riesgo de desaparición física y cultural de la población Sikuani es inminente, su confinamiento a territorios pequeños, la ausencia de políticas efectivas por parte del Estado y la dispersión de la comunidad han ocasionado que sus valores ancestrales se estén perdiendo a pasos agigantados.

“Ya no conocen los animales en el idioma, ya no cazan, son indígenas porque parecen indígenas. No atarrayan, no flechan, nada por el estilo; si a ellos los mandan a un territorio indígena se tendrán que regresar inmediatamente si no hay un acompañamiento, una formación que les permita defenderse en el territorio”, comentó José Gregorio Yantes, líder de esta comunidad en Arauca.

Asegura el indígena que en repetidas ocasiones intentaron reacomodar a la comunidad sin éxito alguno: los pájaros los asustaban, no reconocían las aves y poco sabían de organización territorial.

Esa situación quedó registrada en el del Plan de Salvaguarda del Pueblo Indígena Sikuani: “En el departamento de Arauca se referencia en las comunidades de Cajaros, Corocito, Matecandela, Canánama y La Estrellita un debilitamiento de la lengua materna, pues en el habla cotidiana es evidente el préstamo lingüístico del idioma castellano. Pero quizá la situación más alarmante se encuentra en la comunidad de Bayoneros, donde sólo dos ancianas hablan en lengua Sikuani, pero la juventud, los niños y demás adultos solo entienden mas no la hablan, lo cual es una realidad que pone en sobre aviso la pérdida de la lengua materna”.

En síntesis, y en palabras del antropólogo José Correa, “el país no tiene ni idea de lo que se está perdiendo con esos modelos culturales, por ejemplo hay 80 mil especies de plantas de uso alimentario y estas sociedades se las conocen todas, pero la destrucción cultural ha acabado con este conocimiento y eso es muy fácil de perder porque son de tradición oral donde las personas mayores son bibliotecas vivas”.

Espera histórica

Las ayudas para este pueblo aún no llegan y para sus líderes el panorama es oscuro porque lo único que se ve en el territorio son “proyecticos” de corta duración, como jornadas de peluquería, alimentación, deportivas, pero nada que resuelva los problemas de fondo.

Inclusive, para algunos como Chivaraquiva lo que una vez parecieron triunfos de las comunidades indígenas, ahora parece más una estrategia de distracción y de beneficio para algunas entidades estatales que, para él, sirven con el propósito de mantener estas pequeñas ayudas “a través de la institucionalidad o la creación de fundaciones y organizaciones; Bienestar Familiar, Acción Social, el DPS, simplemente se han centrado en canalizar recursos a través de programitas, convenios y proyectos, y seguirán atendiendo casos puntuales y el problema va a seguir”.

Para el Defensor delegado para Indígenas y las Minorías Étnicas, Pedro Posada, la situación de derechos humanos de esta comunidad es muy grave, tanto en lo individual como en lo colectivo, e indicó que la soberanía estatal sobre el territorio no es real, por lo que a pesar de que exista el Plan de Salvaguarda, éste no logra incursionar de manera efectiva entre las comunidades nativas.

“Se debe buscar un retorno a sus territorios, programas de prevención para aquellos que no quieran volver, y de protección para aquellos con problemas de drogadicción. El panorama lo veo delicado y considero que amerita una intervención especial de las autoridades nacionales, departamentales y municipales”, aseguró el Defensor delegado.

Asimismo, la falta de articulación institucional y de voluntad política a la hora de asignar recursos presupuestales para diseñar un plan de acción como política pública para atender las necesidades del pueblo Sikuani, es otra de las razones por las que estos planes de salvaguarda no pasan del papel.

“Cada uno de los sectores del Estado debe asignar recursos para la implementación específica de acciones, ha faltado la asignación de presupuestos específicos, crear proyectos de inversión, pedir la plata al Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, hacer toda la gestión para poder contar con recursos adicionales, porque si no siempre vamos a quedarnos quietos”, le dijo al portal una fuente del alto gobierno cercana a esta situación y quien pidió la reserva de su nombre.

Desde la ONIC manejan una hipótesis similar. Según sus voceros, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se incluyeron unos fondos con un techo de 11 billones y un piso de 8 billones para atender las necesidades de los pueblos indígenas en riesgo de desaparición; sin embargo, en el momento de verificación y seguimiento, se percataron que habían utilizado parte de ese presupuesto para la construcción de vías y aeropuertos, supuestamente en beneficio de las comunidades indígenas. De igual forma, aseguraron que el gobierno nacional ofrece una oferta institucional sin tener en cuenta un enfoque diferencial, metiendo en el mismo paquete a quienes deambulan las calles de las ciudades como a los que están en zonas rurales.

El panorama no es muy alentador, pues en Arauca, según datos del Plan de Salvaguarda, sólo hay 833 Sikuanis; adicional a eso, los líderes de esta comunidad no ven con entusiasmo el hecho de que se haya incluido un capítulo étnico en la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, pues aseguran que eso lo hicieron a la carrera en el último momento por presión de las organizaciones indígenas y de los países garantes. (Ver VerdadAbierta.com “En rojo, saldo del gobierno nacional por reparación de indígenas y afros”)

Esta falta de voluntad política obedece a una carencia histórica por parte de la institucionalidad estatal, pues a pesar de que en el Decreto 1953 de 2014 se reconocen los territorios indígenas como entes administrativos, esta figura no ha sido desarrollada, por lo que cualquier medida es insuficiente cuando el tema del territorio no está resuelto.

“El tema del territorio es el paso fundamental, el punto número uno de la reivindicación de los pueblos, esa es la base de la autonomía de todo tipo. Ese control permite la reconstitución de la matriz cultural, y permitirá reconstituir culturalmente a estas sociedades”, concluyó un líder de la comunidad.

Verdadabierta.com