Cuatrocientas familias campesinas víctimas del conflicto armado recibieron este martes cinco predios ubicados a 25 kilómetros de Yopal, en el corregimiento de Tilodirán, que alguna vez albergaron a combatientes del Bloque Centauros, una de las estructuras paramilitares más temidas de los Llanos Orientales, bajo el mando de Vicente Castaño Gil. Las tierras, que integran la finca ‘Corinto’, fueron entregadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tras un proceso de extinción de dominio, marcando un giro histórico para una región que durante décadas vivió bajo el yugo de la violencia.
El predio ‘Corinto’ fue utilizado en 2005 como zona de concentración para la desmovilización de los paramilitares del Bloque Centauros, grupo que operó en Casanare y otras zonas del país bajo el liderazgo de los hermanos Castaño, conocidos por sus vínculos con el narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Tras años de trámites legales, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) transfirió estas tierras a la ANT, que ahora las destina a la reparación de víctimas.
“Este proceso representa un nuevo capítulo para las familias del caso Corinto y un paso firme hacia la justicia social. Estamos comprometidos con devolverle la tierra a quienes históricamente han sido despojados”, afirmó Doris Bernal, coordinadora de la ANT en Casanare. Las 400 familias beneficiarias, desplazadas en su mayoría por acciones de grupos paramilitares, podrán desarrollar proyectos productivos sostenibles en estos terrenos, que abarcan cientos de hectáreas.
Rodolfo Arciniegas, presidente de la Fundación Sembrar —que representa a las familias—, agradeció al gobierno de Gustavo Petro por cumplir una promesa que, según él, administraciones anteriores ignoraron: “En gobiernos pasados jamás se avanzó así. Hoy tenemos una oportunidad para aportar a la Paz Total que el presidente Petro prometió”.
El acto de entrega no solo busca reparar el despojo sufrido por estas comunidades, sino también transformar un territorio que fue epicentro del horror. “Estas tierras, que antes sirvieron para la guerra, ahora serán símbolo de paz”, agregó Bernal.
La entrega se enmarca en la política de Reforma Agraria del gobierno Petro, que prioriza el “ordenamiento social de la propiedad rural” para reducir la desigualdad en el campo. Sin embargo, el reto persiste: según la ANT, en Casanare hay más de 1.200 solicitudes de restitución de tierras pendientes, un reflejo de la magnitud del despojo durante el conflicto.
Mientras las familias inician su nueva vida en ‘Corinto’, organizaciones sociales insisten en que la entrega de tierras debe ir acompañada de acceso a créditos, asistencia técnica y garantías de seguridad, especialmente en zonas donde aún persisten grupos armados. Para muchos, este acto es un rayo de esperanza, pero también un recordatorio de que la paz en el campo colombiano aún está en construcción.