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- Última actualización 06:16 PM
Arauca
Corte Constitucional amparó a gestora social de Arauca por violencia de género en Facebook
La Sentencia T-348 de 2026 ordenó retirar publicaciones que vulneraban sus derechos, ofrecer disculpas públicas y realizar una capacitación sobre violencia de género digital. Sin embargo, aclaró que las críticas a la gestión pública siguen protegidas por la libertad de expresión.
La Corte Constitucional de Colombia amparó los derechos fundamentales de Stephany Dayana Ortiz Tafur, gestora social del municipio de Arauca y esposa del alcalde Juan Alfredo Qüenza Ramos, al determinar que varias publicaciones difundidas en Facebook por el creador de contenido Cristian Camilo Paredes Forero constituyeron actos de violencia de género digital.
La decisión quedó consignada en la Sentencia T-348 de 2026, emitida el 27 de octubre por la Sala Cuarta de Revisión, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González. El alto tribunal revocó el fallo de segunda instancia del Juzgado Civil del Circuito de Arauca, que había negado la tutela, y concedió la protección de los derechos de la accionante a una vida libre de violencias, la igualdad y no discriminación, la imagen, la integridad, la dignidad humana y la intimidad personal y familiar.
El proceso se originó en una acción de tutela presentada en octubre de 2025, después de que Ortiz Tafur denunciara publicaciones reiteradas en las cuentas de Facebook del creador de contenido, quien desde mayo de ese año habría difundido mensajes, fotografías, fotomontajes y videos que, según la accionante, buscaban desacreditarla y ridiculizarla.
Durante el estudio del caso, la Corte examinó tanto el ejercicio del control ciudadano sobre la administración municipal como los contenidos dirigidos contra la gestora social. Encontró que algunas publicaciones recurrían a comentarios sobre su cuerpo, apariencia física, presuntas cirugías estéticas y el papel que, según los estereotipos utilizados, debería desempeñar una mujer en la sociedad.
Para los magistrados, esos contenidos dejaron de ser cuestionamientos legítimos y se convirtieron en ataques personales basados en estereotipos de género.
La providencia señala que las manifestaciones examinadas buscaban «sexualizar, cosificar, instrumentalizar, minimizar, desacreditar o descalificar» a la accionante, afectando su participación en espacios públicos, su representatividad y su imagen.
La Corte también protegió la libertad de expresión
Uno de los aspectos centrales de la decisión es que el alto tribunal no desconoció el derecho de los ciudadanos a ejercer veeduría, cuestionar a los gobernantes o expresar opiniones críticas sobre la administración municipal.
Por el contrario, reconoció que Paredes Forero desarrolla actividades de control político y social y que sus publicaciones sobre asuntos de interés general están amparadas por la libertad de expresión y la participación política.
La Corte precisó que las críticas relacionadas con la gestión de la gestora social, la administración del alcalde y las actuaciones de la Alcaldía, siempre que no involucraran ataques contra su cuerpo, apariencia, intimidad o dignidad mediante estereotipos de género, conservan protección constitucional.
En ese sentido, advirtió que las personas con visibilidad pública deben tolerar un mayor nivel de escrutinio, pero esto no significa que deban soportar agresiones sexistas o formas de violencia por razón de género.
La sentencia también concluyó que prohibir al creador de contenido pronunciarse nuevamente, directa o indirectamente, sobre la gestora social constituiría censura previa. Por esa razón, no acogió esa pretensión de manera general y delimitó las restricciones a las publicaciones que vulneren sus derechos fundamentales.
Las órdenes al creador de contenido
La Corte estableció varias medidas para reparar la vulneración de derechos y evitar la repetición de los actos de violencia digital:
- Retirar publicaciones: Concedió un plazo máximo de 48 horas, contado desde la notificación de la sentencia, para eliminar los contenidos específicamente identificados en el anexo reservado del fallo y otros sustancialmente similares que sexualicen, estereotipen o degraden a la accionante.
- Abstenerse de nuevas agresiones: Ordenó no publicar contenidos que instrumentalicen, sexualicen, desacrediten o degraden a Ortiz Tafur mediante estereotipos de género que vulneren sus derechos.
- Ofrecer disculpas públicas: Deberá publicar una disculpa en cada una de sus dos cuentas de Facebook dentro de los cinco días siguientes a la notificación. Las publicaciones no podrán incluir fotografías de la accionante ni divulgar el anexo reservado.
- Recibir capacitación: Tendrá 20 días, contados desde la notificación, para completar un curso o jornada de formación sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres en espacios digitales.
- Difundir la sentencia: Deberá publicar y difundir la providencia en sus cuentas de Facebook dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, informando a sus seguidores que la libertad de expresión y la participación política no amparan actos de violencia de género digital.
El Juzgado Primero Civil Municipal de Arauca, autoridad que conoció la tutela en primera instancia, quedó encargado de supervisar el cumplimiento de las órdenes. Además, el ciudadano deberá presentar ante ese despacho un informe de cumplimiento dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación.
Un llamado a prevenir la violencia digital
La decisión también reiteró un exhorto al Congreso de la República para que atienda las recomendaciones de organismos internacionales sobre prevención, protección, reparación y sanción de la violencia de género digital.
Con este pronunciamiento, la Corte establece criterios para analizar cuándo las expresiones publicadas en redes sociales dejan de ser críticas legítimas y se convierten en manifestaciones de violencia contra las mujeres.
El fallo representa un precedente relevante para el debate público en plataformas digitales: La vigilancia ciudadana y la crítica política mantienen su protección constitucional, pero no pueden utilizarse como justificación para cosificar, sexualizar o degradar a las mujeres.
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